TRAS LA VERDAD DOS TEMAS DIFERENTES. DOS CASOS DISTINTOS.

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¿Quién no recuerda el proceso del “desafuero” de Andrés Manuel López Obrador del 2004-2005? Aún está fresco en la memoria de millones de mexicanos ese tema.

Para unos fue una injusticia; para otros una cobardía del gobierno de Vicente Fox Quezada, entonces Presidente de la República, por no continuar con el procedimiento del juicio por responsabilidad penal, nombre correcto, dado que el “desafuero” no existe como figura jurídica, se da más bien como concepto político, por la protección que les otorga la Constitución Política de los Estados Mexicanos, a ciertos funcionarios o representantes populares por su investidura, para no ser enjuiciados por responsabilidad penal en forma inmediata, se requiere que la Cámara de Diputados federal, les quite esa inmunidad jurídica para poder procesarlos, previa solicitud del Ministerio Público, quien debe aportar las pruebas necesarias ante los diputados.

Viene el tema a colación por la mención que hiciera el ahora Presidente de la República, al manifestar dolosamente que lo quieren “quitar” de la boleta electoral como en el 2006, ahora con la figura de la revocación de mandato, en la que insiste López Obrador, en querer aparecer en la boleta de las elecciones del 2021, a pesar de que no podría ser removido del cargo de Presidente, en caso de aprobarse esa conquista popular: Revocación de mandato. Un juego perverso de palabras y de la historia reciente. Para ello es necesario una pequeña explicación jurídica, no política, de lo sucedido en aquellos años en que Andrés Manuel López Obrador, entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, fue “desaforado”, pero nunca procesado ante las autoridades jurisdiccionales. Toda una puesta en escena por los diputados federales, así como Vicente Fox y el mismo Manuel López, a quien muchos consideraron víctima del sistema. Más no fue así, el pillo se salvó de ser destituido y pisar el reclusorio.

Veamos. Entonces unos particulares ganaron un juicio de amparo en contra del gobierno del DF; sentencia que quedó firme y debía ejecutarse. Se trató de unos terrenos por los que se construirían vialidades. La sentencia fue burlada, no cumplieron con su ejecución y la obra pública se ejecutó. Ese acto es considerado por el Código Penal y la misma Ley de Amparo, como delito y genera responsabilidad: destitución del cargo y ser sometido a la justicia por no respetar una sentencia. Dado que López Obrador era el Jefe de gobierno, sobre él recayó la responsabilidad por no obligar a sus subordinados a cumplir, acatar la sentencia firme del Juez de Distrito. Se aplica para todos, sin distingos. En la República se han dado casos semejantes cuando no se respeta la sentencia. Vamos, en Querétaro fue destituido un presidente municipal en funciones, su tesorero y otros, por no acatar una sentencia; fueron juzgados y sentenciados por ello. Así de simple y no se hizo “alharaca” alguna. Las Instituciones funcionaron a la perfección. En el caso de López, fallaron las instituciones, de ahí su frase en contra del sistema: “al diablo con sus instituciones”. Y así fue, las mandaron al diablo, se rompió el estado de derecho protegiendo a un delincuente, aunque muchos piensen que se trató de una injusticia. Nada de pensar así; más bien fue un delito en agravio de la justicia y no se castigó. La justicia perdió frente a un particular, entonces representaba a la autoridad el mismo López Obrador; esos actos hoy los reprueba, cuando fue uno de los beneficiarios de la injusticia a la ley y a los particulares que ganaron el juicio de amparo.

La Procuraduría General de la República, implementó a instancia de los particulares que ganaron el juicio de amparo, la averiguación previa. Tuvo el consentimiento del Presidente de la República, para proceder ante la Cámara de Diputados y promover juicio político por responsabilidad penal en contra de Andrés Manuel López Obrador. Es una modalidad en las Legislatura, realizan procedimientos legislativos de naturaleza jurisdiccional. La procuraduría presentó sus pruebas y López acudió a defenderse de la acusación de la autoridad persecutora de los delitos y delincuentes. Fue todo un espectáculo mediático; el fondo del juicio de naturaleza penal con matices políticos fue transformado exclusivamente en asunto político. Agotado el procedimiento ante la Legislatura, perdió Andrés Manuel. La Mesa Directiva envió a la PGR, el expediente por responsabilidad penal (desafuero) para que, se girara la correspondiente orden de aprehensión una vez que López Obrador, fue despojado de la inmunidad política y jurídica para ser procesado penalmente. Después vino el arrepentimiento. El expediente se radicó y se le fijó fianza, la que por cierto fue depositada (una burla) por la entonces panista y hoy morenista Gabriela Cuevas. Pretendió ridiculizar al responsable del incumplimiento y violación de la sentencia de amparo depositando unos pesos en el juzgado. López, por supuesto nunca pisó la cárcel ni fue procesado. Hubo manifestaciones en apoyo del delincuente que era considerado por sus seguidores como víctima política del sistema; desconocedores del Derecho. El Procurador de entonces renunció al cargo y el procedimiento se “congeló”. Nada pasó y el espectáculo mediático cesó. López Obrador apareció en las boletas electorales en la búsqueda fallida por la Presidencia de la República y una vez más se dijo víctima del sistema, a grado tal que protestó como “presidente legítimo” en el Zócalo del DF; se enfundó la banda presidencial con todo y silla. Otro espectáculo. Después vino la toma de Reforma que causó pérdidas millonarias a todos los negocios y vecinos de la avenida más importante de toda la República Mexicana. Dicen, eso no consta (por supuesto), que el gobierno federal tuvo que darle a López Obrador, muchos millones de pesos, para que después de meses levantaran el “plantón”. Después vendría el intento de impedir que Felipe Calderón Hinojosa, tomara protesta ante el Congreso de la Unión, en donde tuvo que ingresar subrepticiamente por la puerta trasera. Eran perredistas, hoy morenistas. No consiguieron su objetivo y Calderón gobernó por 6 años.

Ahora el pretexto y necedad de López Obrador, ya Presidente de la República, es querer aparecer nuevamente en las boletas electorales en las elecciones intermedias para que el “sabio pueblo” lo ratifique por tiempo indefinido o le revoque el mandato. Varias cuestiones en este sencillo asunto que lo complica el mismo Andrés Manuel. Primero, este señor fue electo por un periodo constitucional de 6 años acorde con la Constitución vigente y protestó cumplirla y hacerla cumplir. Así que, constitucionalmente no debiera participar (la reforma aún no se aprueba ni será aprobada en esos términos) para que le revoquen el mandato; sería inconstitucional. Segundo, se empecina López en que su nombre y apellido aparezca en las boletas electorales y haga campaña. Esto es consecuencia del temor a perder el control que hoy tienen en la Cámara de Diputados. Acostumbrado a lo largo de 18 años de andar en campaña (aún sigue con presupuesto público), su personal deseo es volver a participar en otro proceso electoral. Tercero, como a López le gusta cumplir los deseos del “pueblo sabio”, si éste le pide que sea ratificado, no le quedará más remedio que acatar la orden del pueblo; de tal suerte que querrá eternizarse en la presidencia, so pretexto de que el pueblo se lo pide. Cuarto y último La firma de su documento en el que promete no reelegirse, carece de validez política y jurídica. El poder desgasta y a eso le teme; que, ante tanto capricho, equívoco y engaño que comete, sus seguidores decidan cámbialo por otra opción; los 60 millones de mexicanos que no votaron por él, siguen cada vez más firmes y convencidos de haber actuado con certeza y no volverían a votar por Andrés Manuel López Obrador. No hay pues, semejanza alguna en los dos supuestos que argumenta sin sustento alguno, Manuel López.

Se trata de uno más de sus caprichos y, por sistema, acusa a la oposición de conservadores cuando no lo apoyan.

Héctor Parra Rodríguez










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