¿Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas?

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A partir del homicidio del periodista Javier Valdez Cárdenas, especialista en temas de narcotráfico, director del semanario Ríodoce y corresponsal de La Jornada en Culiacán, Sinaloa, ocurrido el 15 de mayo de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto, se comprometió a impulsar tres medidas en el mecanismo denominado “Acciones por la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos”.

Uno: Fortalecer la estructura y el presupuesto asignado al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

Dos: Establecer un Esquema Nacional de Coordinación con las Entidades Federativas y un Protocolo de Operación.

Tres: Fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

Defensores de derechos humanos y periodistas ¿Quiénes son?

La Ley para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, promulgada por el presidente Felipe Calderón en 2012, señala que las personas periodistas son “Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen”.

La misma ley menciona que las personas defensoras de derechos humanos son “Las personas físicas que actúen individualmente o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos.

Realidad local

En atención a la crispación y la indignación nacional provocadas por el asesinato de Valdez Cárdenas y once periodistas más durante 2017, diversos actores institucionales de las entidades federativas también se sumaron a impulsar medidas de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Fue de esta manera en la que las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), presentaron sendas iniciativas de Ley, ante la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro.

Sin embargo, previamente, ninguno de los legisladores convocó a defensores de derechos humanos y periodistas a foros de consulta y tampoco partieron de un diagnóstico de lo que ocurre en Querétaro en esos ámbitos. En realidad, ambas iniciativas, como coloquialmente se dice, fueron redactadas sobre las rodillas, puesto que únicamente se limitan a reproducir algunos de los contenidos de la ley federal.

Iniciativas, coincidencias y divergencias

Tanto en la iniciativa de Ley del PRI, presentada el 1 de junio de 2017, así como la del PAN, del 24 de enero de este año, copiaron de la ley federal lo referente al mecanismo de protección que señala, que para la ejecución del Mecanismo se creará una Junta de Gobierno, presidida por el Secretario de Gobierno, representantes de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Defensoría de DH, de la Secretaría de Salud y dos ciudadanos expertos en derechos humanos y periodismo. Lo que en términos llanos nos indica que las víctimas no decidirán lo que sería más conveniente para su protección, sino que, el control quedaría en manos de los funcionarios públicos que, por lo general, son quienes violentan los derechos humanos.

En este punto, la iniciativa panista excluye a las personas defensoras de derechos humanos, dejándolas fuera del mecanismo de protección, lo que es verdaderamente lamentable porque en Querétaro, quienes más han sufrido amenazas, represión y persecución, son justamente las activistas sociales. Son los casos de Brenda Ortiz Rangel y Aleida Quintana Ordaz.

Desde que Aleida que se dio a la tarea de documentar, sistematizar y denunciar la desaparición de mujeres, la trata y los feminicidios en Querétaro, desde el gobierno de José Calzada Rovirosa, iniciaron las amenazas de muerte en su contra por lo que tuvo que quedar bajo el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y, desde hace un año, ahora durante el gobierno de Francisco Domínguez, ante el incremento de las amenazas y agresiones se vio obligada a abandonar la ciudad de Querétaro.

En el caso de Brenda, desde que inició su activismo en la búsqueda y denuncia de personas desaparecidas por el crimen organizado y por el propio Estado, entre los que se encuentra su hermano Héctor Rangel Ortiz, desaparecido en 2009 por la policía municipal de Monclova, Coahuila, también ha sufrido daños en sus propiedades, intentos de robo, vigilancia constante, agresiones y amenazas de muerte.

Embutes oficializados

Volviendo a la iniciativa priista, en el artículo 27 propone que los diferentes órganos de gobierno “Adquirirán un seguro de vida para las personas que lleven a cabo sus labores periodísticas en cada una de éstas (áreas), para lo cual las áreas competentes de comunicación social o afines realizarán un registro que incluya como mínimo el nombre, medio informativo para el cual trabaja y su acreditación correspondiente”.

Desde mi perspectiva, que el gobierno contrate un seguro de vida para las y los reporteros de la fuente, no es más una extensión de las dádivas, popularmente enmarcadas bajo el concepto de chayos o chayotes y en ningún momento menciona las obligaciones laborales y las prestaciones sociales que las empresas periodísticas deben de cumplir con sus trabajadores, pues es de todos conocidos que los mantienen bajo sueldos deplorables y sin prestaciones sociales.

Además, el registro de las y los reporteros implica un control del Estado sobre los mismos que, en el mejor de los casos, pudieran ser tratados como empleados de las diferentes áreas gubernamentales que los registren y, en el peor, pueden ser amedrentados directamente en sus trabajos y domicilios, cuando la información que generen no sea del agrado de los titulares de las dependencias.

Publicidad oficial

Uno de los aspectos relevantes en el medio periodístico es el de la falta de regulación de la publicidad oficial y ésta no figura en ninguna de las iniciativas de ley de PRI, del PAN y mucho menos, en la Ley federal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Entregar la publicidad oficial a discreción permite a los gobernantes mantener un férreo control sobre medios y periodistas, debido a que premia a quienes siguen la línea oficial y castiga a los medios críticos.

En este sentido, las organizaciones Article 19 y Fundar, han urgido al Estado Mexicano a adoptar una ley general que regule la asignación de la publicidad oficial, que establezca criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno.

Conclusiones

De acuerdo a la situación en la que se encuentran en Querétaro, las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, de las dos iniciativas de ley, la del PRI y la del PAN, así como la actual ley federal en la materia, ni rescatando lo mejor de cada una de ellas se hace una ley que realmente responda a la realidad local y nacional.

Si bien, en Querétaro no existen, todavía, homicidios de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, es urgente legislar sobre la materia, pero de una manera incluyente, debido a que la violencia homicida y la inseguridad no se detienen, al contrario, cada día que pasa se incrementa.

Sin embargo, lamentablemente, también debemos poner los pies en la tierra. A estas alturas del proceso electoral de 2018, en el que las y los diputados saltan como chapulines, es prácticamente imposible que la LVIII Legislatura apruebe una Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, razón por la cual deberemos esperar tiempos mejores.

 










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