Ley de Seguridad Interior

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El próximo miércoles el Secretario de Gobernación, tendrá reunión de trabajo con los diputados federales a fin de buscar los mecanismos para destrabar las iniciativas de ley que crean la Ley de Seguridad Interior, la cual daría atribuciones al ejército mexicano y marina nacional para que actúen legalmente con atribuciones policiales.

PAN, PRI y PRD presentaron iniciativas de ley sobre la materia. Unas mejor estructuradas que otras, buscan el mismo objetivo, darle atribuciones al ejército mexicano y marina nacional para coadyuvar en acciones policiales, tal y como ahora lo viene haciendo desde hace 10 años.

La pretensión es otorgarles los instrumentos legales al personal del ejército y la marina para que pueda ejecutar las mismas funciones que tiene elementos policiales; en su caso subordinadas al Ministerio Público. No serían independientes en la lucha en contra de la delincuencia.

Las iniciativas buscan reforzar el ámbito de la seguridad pública, la cual se perdió hace mucho por la brutal aparición de la delincuencia organizada, fuerza que avasalla a las policías estatales y municipales, por ende ha tenido que intervenir personal del ejército y marina en coadyuvancia a las autoridades estatales y municipales que se ha visto rebasadas ante el poderío de los grupos delincuenciales.

Diez años de lucha con personal de las fuerzas armadas en las calles y no han podido diezmar a las poderosas bandas de la delincuencia organizada quienes diversificaron sus acciones criminales, pasando del ámbito del narcotráfico, a los secuestros, cobros de piso, robo de combustibles, trata de personas con fines de prostitución que llegan a la esclavitud, etcétera.

La ley que permanece en la mesa de las negociaciones de los grupos parlamentarios, pretende que personal de las fuerzas armadas actúe con plenitud de facultades, por supuesto solo en aquellos casos en que se les indique y autorice.

Sin embargo los opositores a todo, que no pueden faltar en estos temas, no aceptan que se legalice la participación del ejército y marina en las calles, lo que nos llevaría – según su opinión- a un estado de sitio con actos de represión. Situación por demás exagerada. No dudo que los mismos grupos delincuenciales también hayan invadido a los “defensores” de los derechos humanos, puesto que permanentemente actúan en defensa de los delincuentes, poniendo a las autoridades contra la pared, siempre exigiendo la liberación de los delincuentes por fallas técnicas cometidas por las autoridades, independientemente de su responsabilidad criminal; y logran la libertad de esos delincuentes.

Por ello resulta preponderante que los legisladores federales –diputados y senadores- de una buena vez por todas, logren los consensos necesarios para sacar adelante la nueva normatividad. Todas las iniciativas coinciden en limitar la participación del ejército que no podría ser arbitrariamente permanente; solo actuaría bajo autorización de la superioridad con espeto irrestricto a los procedimientos de las norma existentes, como sería el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien la observancia de los derechos humanos; en su caso, los soldados y/o marinos podrán ser procesados por las autoridades civiles y no militares, en caso de abusos.

Lo cierto que ha quedado demostrado que la población mexicana, las autoridades estatales y municipales, requieren del apoyo del personal del ejército y la marina, para diezmar al empoderado poder criminal que ha invadido a nuestro país, sin ellos es imposible vencer a quienes gozan de enorme capital económico, que les ha permitido contratar un “ejército de sicarios”, así como armamento en muchos de los casos superior al de las fuerzas armadas.

Por eso es urgente la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, ese es el objetivo del Secretario de Gobernación, quien busca destrabar los trabajos legislativos. Deseamos logre el objetivo y los legisladores aprueben la iniciativa.

Héctor Parra Rodríguez

 










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