Ley de Seguridad Interior

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 Patrullaje militar carreteras -1
Es un nombre muy pomposo,
La Ley de seguridad,
Pero es bastante tramposo,
Presume legalidad,
El muerto que vaya al pozo,
Que viva la impunidad

Hace once años, Felipe Calderón una medida para enfrentar lo que llamó “La guerra contra el narcotráfico” una medida de carácter emergente y temporal, sacar al ejército de sus cuarteles y llevarlos a las calles de las distintas poblaciones del país para hacer labores de policías, violando flagrantemente la Constitución. Durante todo su sexenio y lo que va de éste, hemos seguido en lo emergente y ahora, mediante una ley absurda, quieren que esa anómala situación anticonstitucional se vuelva regla.

Los militares de este país están preocupados por el largo tiempo que llevan actuando al margen de la ley. El artículo 129 de nuestra Constitución señala que en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, mientras que el artículo 29 regula la suspensión de derechos fundamentales en el país para que el Ejecutivo, con aprobación del Congreso, pueda hacer frente a situaciones o estados de emergencia. Por tal razón, dichas fuerzas castrenses han venido presionando a los poderes de la unión para que se apruebe una ley que los meta en la legalidad y estos poderes, en lugar de pensar en alternativas que resuelvan los problemas y mejoren la seguridad, lo que proponen es aprobar una ley para legalizar dicha participación, sin importarles los riesgos y peligros para la población, mismos que han sido denunciados y advertidos por múltiples analistas y organizaciones nacionales e internacionales, de manera que al aprobarse esta ley, los militares seguirán afuera de los cuarteles de manera indefinida, sin contrapesos institucionales y sin transparentar o rendir cuentas a nadie, haciendo tareas de investigación, persecución de delitos, control social o espionaje sobre la población y represión.

La Ley confiere facultades extraordinarias al Ejército y a la Marina, incluyendo la posibilidad de llevar a cabo tareas de investigación sustituyendo al Ministerio Público, intervenir comunicaciones privadas sin una orden judicial, y utilizar la fuerza letal para contener protestas pacíficas.

La información sobre operativos militares será clasificada y las Fuerzas Armadas no tendrán que rendir cuentas sobre su actuación. (Igual que en Ayotzinapa).

La Ley no contempla la salida gradual del Ejército de las calles, ni establece fecha límite para su permanencia. Se supone que la medida inicial de Calderón era temporal para dar tiempo a mejorar y profesionalizar los cuerpos de policía, pero al quitarle la temporalidad, no quedará un solo aliciente para dicha mejora.

Con este nuevo marco legal será mucho más fácil usar a las Fuerzas Armadas para reprimir conflictos sociales, estudiantiles, ambientales y post-electorales y las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas quedarán impunes, lo que no ayudará a que descienda la violencia y la criminalidad.

Seguramente esta Ley no fue elaborada por los legisladores, sino por las fuerzas armadas, a las que no les quedó más remedio que elaborarla, querían salirse de esa función ilegal y no los dejó el Gobierno, entonces al menos, han presionado para quedar protegidos. El Secretario de la Defensa dijo que ellos “no estudiaron para perseguir delincuentes”, que eso no lo saben hacer y sin embargo, el Gobierno no busca otras alternativas, los deja en las calles y ordena que se apruebe la Ley, cuando está más que demostrado que con Ley o sin ella, ese no es el mecanismo para combatir la delincuencia, ya son casi doce años de aplicarlo. La presencia de las fuerzas armadas en las calles no ha disminuido la inseguridad pública sólo ha producido inseguridad, impunidad, violación de derechos humanos y ha sumido al país en un torbellino de desapariciones, muertes y sangre.

El dirigente del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no está sometido a ningún grupo de interés creado, por lo que explorará todas las posibilidades para resolver el problema de la inseguridad y la violencia, incluido consultar al pueblo sobre otorgar amnistía a los líderes del narcotráfico. Esta declaración, que constituye una propuesta digna de ser analizada, como muchas otras que deberían surgir, ha sido objeto de múltiples críticas y descalificaciones por parte de sus opositores, los que no se atreven a presentar una contra propuesta. Descalifican pero no proponen nada.

Yo creo que a todos los ciudadanos nos debería interesar el tema de la seguridad, es absurdo acostumbrarnos a escuchar que ayer hubo tantos y tantos muertos y desaparecidos en x lugar y los lugares se han ido expandiendo provocando un miedo, cada vez más generalizado, entre la sociedad y en lugar de exigirles a los políticos propuestas para resolver el problema, nos hacemos a un lado y permitimos que esta “Ley de seguridad pública”, que nada va a resolver sino al contrario, sea aprobada por el Congreso, para darles gusto a nuestras fuerzas armadas. ¿Usted qué opina?

memo_casa@yahoo.com

 










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