La matanza de El Paso y la política exterior.

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Se ha discutido mucho esta semana sobre el lamentable suceso de la matanza en El Paso, Texas, llevada a cabo por Patrick Crusius. Ante este hecho, algunos han tomado actitudes francamente viscerales, otros han calificado la política exterior como errónea y han negado incluso que se trata de un acto terrorista. Creo que una aproximación sensata a este asunto nos hará bien a todos.

No se puede lograr una evaluación de la política exterior de López Obrador a ocho meses de su mandato, pero sí se advierten cambios importantes. Más allá de las relaciones económicas con Estados Unidos y la ratificación del T-MEC por este país, el problema sobresaliente de México es de carácter político, motivado entre otras cosas, por las características de quien toma las decisiones en Estados Unidos, es decir, Donald Trump, pero también por la sombra de desprestigio y sumisión que dejó la administración de Peña Nieto.

En el plano de las relaciones políticas bilaterales, México atraviesa por momentos difíciles. Desde hace cuatro años ha sido bombardeado por una sarta de improperios por quien hoy dirige los destinos de Estados Unidos. Un discurso de odio que genera narrativas de terror y exterminio de la otredad, de los que son diferentes a los blancos, protestantes y ricos. Los mitos de la supremacía blanca.

Hay que recordar que detrás del “Destino Manifiesto” está el Darwinismo social, es decir la narrativa surgida desde que los primeros puritanos se asentaron en la Trece Colonias, por la que ser blanco, protestante y rico era una señal divina que les confería poder sobre las demás tierras y sobre las naciones católicas. Hace poco más de un siglo, “ La Ética protestante y el espíritu del capitalismo ” de Max Weber, introdujo la interpretación de que el progreso material se ha logrado por el ahorro y la vida frugal de los primeros colonos calvinistas norteamericanos. Si les iba bien en lo material era la señal de que estaban en gracia de dios. Los calvinistas no creían en el poder limpiador de la confesión, como los católicos. La única forma para saber que estaban en gracia de dios, era una vida de trabajo y ahorro. Esto los llevó a creerse mejores que los demás y a despreciar a la otredad católica, india, amarilla etc.

Lo que hay detrás del “Destino manifiesto” es la justificación del despojo de los territorios indios y de México, aduciendo que los católicos son corruptos, se mezclaron con los indígenas, son flojos y tramposos y no merecen las tierras que les quitaron. Los más fuertes, por ley natural, acaban con los débiles. En numerosas ocasiones, durante el siglo XIX, se llegó a mencionar en círculos políticos estadounidenses que era necesario convertir a México en un protectorado, además de las aspiraciones de quedarse con Baja California, y todos los estados del Norte hasta San Luis Potosí. Los del Sur no porque había demasiada población indígena y mestiza.

El Tratado Guadalupe Hidalgo establecía, en diversos artículos, los derechos de los mexicanos que se quedaron en los territorios arrebatados a México. Texas era parte del territorio de la Nueva España y después del Estado de Coahuila. Es decir, desde hace cinco siglos ha habido asentamientos primero de novohispanos y después de mexicanos en esas tierras. Hablar de invasión de “hispnics” es de supremacistas.

El acto terrorista de Crusius no es más que una ola de continuidad de esa supremacía blanca que busca la expulsión de los “hispanics”, así los llamó en su comunicado Crusius, a los mexicanos que habían “invadido” Texas (no es afrimación sólo de Trump, sino de los supremacistas blancos). El objetivo de Crusius era matar al mayor número posible de mexicanos.

Sólo hay que recordar que el Tratado Trascontinental (conocido como Tratado Adams-Onís) ponía fin a las pretensiones de Estados Unidos de que Texas estaba incluida en la compra de la Louisiana. En su artículo 5 garantizaba el derecho de los habitantes de Louisiana a trasladarse a Texas, de ahí los permisos otorgados a Moses Austin de asentarse al norte de la ciudad de San Antonio. Los invasores son otros, no los hispanics.

En un acto terrorista, las leyes tanto del Derecho Internacional, como del derecho doméstico permiten al estado cuyos ciudadanos sean afectados por dicho acto, intervenir para lograr justicia y resarcimiento de daños. Así lo dispone el artículo 4 del Código Penal Federal y también el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. No hay duda que la intención de pedir la extradición de Crusius, anunciada por Marcelo Ebrard, está fundamentada en la norma interna.

En cuanto al ámbito internacional, en el “Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio”, el Secretario de la ONU, Kofi Annan, en 2004, propuso una estrategia general que incluía las siguientes medidas: a) disuasión, b) medidas para contrarrestar el extremismo y la intolerancia, c) el desarrollo de mejores instrumentos de cooperación mundial en la lucha contra el terrorismo, el intercambio de información confidencial, las medidas de interdicción y los controles financieros, d) el fortalecimiento de la capacidad estatal para impedir las actividades de reclutamiento y las operaciones de los grupos terroristas y e) el control de materiales peligrosos y la protección de la salud pública. No olvida el informe la necesidad de contar con mejores instrumentos internacionales de lucha contra el terrorismo, con alusión a los 12 Convenios contra el terrorismo y los inadecuados medios en la lucha contra la financiación del terrorismo.

La matanza de El Paso fue un acto terrorista, así lo prueba la ideología del manifiesto de Crusius y, lo sabe bien Trump, el racismo y las consignas de la supremacía blanca, que hipócrita y tibiamente condenó en El Paso durante la visita que realizó días después. Se han consignado más de 22 mil frases de Trump en las que habla de la “invasión hispana”, igual que como lo escribió Patrick Crusius. El asunto es que Trump es el presidente de Estados Unidos, con el poder mediático e institucional de sus dichos y hechos.

Existen más de cien definiciones de terrorismo, pero los criterios básicos de su explicación son los siguientes: se trata de un fenómeno de desviación social violento, que altera la paz pública de un sistema institucionalizado, utilizando medios comisivos capaces de infundir temor y causar un riesgo injusto a la comunidad social, basado en una ideología que niega a los demás su condición de ciudadanos con derechos plenos. De esta manera se incluyen los asuntos de carácter étnico, político, ideológico, religioso, lingüístico, por pertenecer a alguna minoría regional, nacional, o preferencia sexual. No se requiere que exista una organización instituida, ni con recursos suficientes para acceder al poder, ni durante mucho tiempo. Existe todo un cuerpo de Derecho Internacional Humanitario que avala estos conceptos.

La exigencia de Marcelo Ebrard de pedir a la fiscalía que participe en el juicio de Patrick Crusius, es legítima y con base en la ley nacional, la internacional y la costumbre. Sólo hay que imaginar si este hecho se hubiera dado en México y la consigna fuera: “Haz patria, mata a un gringo”, promovida por un gobierno antiyanqui irresponsable ¿cuál sería la exigencia estadounidense? La reciprocidad es un principio vigente en la vida internacional.

La ventaja política de esta exigencia mexicana es obvia: se busca establecer en la opinión pública estadounidense que el discurso de odio de Trump tiene consecuencias fatales para los mexicanos. Ante un escenario probable en el que Trump podría sostener una campaña antimexicana para apuntalar su reelección y en la que no dejaría de mortificar intermitentemente al gobierno mexicano y a los mexicanos que viven en Estados Unidos durante los próximos 17 meses, se ve clara la necesidad de poner un freno legal y mediático.

Otro aspecto que Marcelo Ebrard ha puesto como una exigencia imperiosa de considerar en la agenda binacional es el tráfico de armas. Asunto soslayado por Estados Unidos y no promovido con fuerza por las administraciones de Calderón y Peña Nieto. Sólo hay que recordar la acción “Rápido y Furioso”, por la que se introdujeron miles de armas a México, que fue auspiciada por el propio gobierno estadounidense, en tiempos de Calderón. La postura de Videgaray fue de sumisión y abandono de una agenda propia para la defensa de los intereses nacionales, se sujetó a lo que le ordenaba su “amigo” Jared Kushner, el yerno de Trump. Nunca la política mexicana fue tan servil y sumisa.

El juicio de Patrick Crusius servirá para insistir en este asunto del control de armas. Marcelo Ebrard estará exigiendo llegar al fondo del problema, porque es necesario prevenir que no suceda nuevamente otro ataque contra mexicanos y exigirá al gobierno estadounidense que tome las previsiones legales necesarias para asegurar el control de la venta de armas. En este punto se buscará la asociación con los demócratas. La campaña presidencial tendrá este tema como prioritario y es posible que el asunto de la migración pierda la virulencia con que la ha abordado por Trump desde 2015.

Trump será candidato y presidente a la vez, por lo que, como gobierno se le puede exigir que cumpla con las normas internacionales. Ya sabemos que no lo va a hacer, pero los demócratas y la opinión pública mundial lo pondrán contra la pared en este tema. México lo distraerá con un gran número de notas diplomáticas y el juicio de Crusius será de la mayor importancia para esta estrategia. Es necesario “hacer ruido”, tal como lo recomendó Bernardo Sepúlveda Amor, con el Derecho Internacional en la mano, como medio para distraer y cansar al monstruo y acercarnos al logro de los objetivos primordiales de la relación con la potencia del norte, que es básicamente la defensa del interés nacional con una independencia relativa dada la asimetría de los dos países.










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