¿La fiscalización de la Legislatura dónde quedó?

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El diputado local de Movimiento Ciudadano sube a la agenda del debate legislativo la facultad constitucional de fiscalización, atribución que fue dada en su totalidad a la Entidad Superior de Fiscalización. El Congreso legalmente renunció a su ejercicio. Y es que si bien es cierto que el artículo 116 fracción II, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la facultad de fiscalización de las legislaturas de los Estados se ejercerá por medio de órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, ello no significa que renuncien a dicha facultad. Los legisladores son los depositarios de la atribución y para ello se deben apoyar de órganos especializados en materia de fiscalización.

El diputado León Hernández expresaba que incluso podrían incurrir en responsabilidad por no ejercer la función que les da y obliga por medio de la Constitución Federal. Atribución plena que han dejado de ejercer.Hace tres Legislaturas, para ser exactos, los legisladores renunciaron a esta función constitucional. Primero, porque en la reforma a la Constitucional del 2008, en el artículo 31 crean la Entidad Superior de Fiscalización; hasta ahí están bien las cosas. Segundo, le dan autonomía constitucional a la Entidad en materia de fiscalización; también se adecua la reforma a la Constitución Federal.

Pero, luego vienen las leyes secundarias en las que, de lleno se olvidan de su función esencial como representantes del pueblo: fiscalizar el uso de los recursos públicos. Por supuesto que conservan la consustancial que es la de crear leyes. Así, tanto la Ley de la Entidad Superior de Fiscalización como la misma Ley Orgánica del Poder Legislativo, excluyen a los legisladores en la función de fiscalización. Solo dejan a la Legislatura para realizar el trámite de la publicación en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” las cuentas públicas para que surtan sus efectos y olvidaron intencionalmente su participación.

Francisco Garrido Patrón y asesores, le vendieron la idea en materia de reformas legales que era mejor excluir de la decisión política la participación de los legisladores tanto en comisiones como en tribuna, así ninguno tendría la oportunidad de molestarlo en las sesiones plenarias; y la responsabilidad absoluta de fiscalizar la trasladarían al titular de la Entidad Superior de Fiscalización. De tal suerte que desde ese entonces nada se discute en la Legislatura. Simplemente se reciben los dictámenes, se turnan al Pleno para conocimiento y se ordena la publicación. Eso es todo.

El fin propuesto se ha cumplido dese el 2008. Los legisladores a la LV Legislatura, maquiavélicamente así lo legislaron. Los diputados a la LVI se la vivieron en pleitos constantes que nada pudieron hacer; a los azules les convenía dejar incólume la pretensión política de Garrido, que los nuevos diputados no tocaran el tema para que aprobaran todas sus cuentas públicas una vez que se había ido aquel. Ahora, los de la LVII Legislatura, por medio del diputado de Movimiento Ciudadano vuelven a tocar el importantísimo tema de la fiscalización de los recursos públicos.

La atribución constitucional está a cargo de los legisladores a través del órgano de fiscalización, pero, sin renunciar a esa facultad. Cierto que anteriormente los diputados intercambiaban favores por medio de la aprobación de las cuentas públicas, vicio que habría que erradicar, por eso Garrido los hizo a un lado con la complacencia de los legisladores de entonces. Además, el área fue la mayor agencia de colocaciones laborales, habría que preguntarle al ex Secretario de gobierno y hoy diputado federal para dejar constancia de ello.

El tema de suyo es importantísimo, aunque no urgente. No deja de representar un reto para los actuales diputados. Deben encontrar la fórmula legal exacta que permita actuar de manera simultánea a las partes; que el órgano de fiscalización cumpla con su función autónoma, a fin de cuentas el trabajo es eminentemente técnico. Y, por supuesto, que los legisladores retomen, recobren, rescaten en tribuna el debate de las cuentas públicas sin que se conviertan en moneda de cambio entre las fuerzas políticas que ahí están representadas. Deben buscar el maduro equilibrio entre estas dos funciones sin dejar de reconocer que la atribución constitucional es de las legislaturas y estas se integran por legisladores.










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