La farsa de la anticorrupción

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POR Efraín Mendoza Zaragoza | En el país del escándalo, el escándalo en turno lleva el nombre de una constructora llamada Odebrecht. Esa poderosa empresa brasileña está implicada en lo que en Estados Unidos llaman el “mayor caso de sobornos extranjeros en la historia”. El asunto criminal ya alcanzó a México y se han revelado encuentros de sus ejecutivos con prominentes personajes, entre los que destacan los últimos dos presidentes de la República, el actual, priísta y el antecesor, panista.

La compleja trama incluye la asignación de contratos desde los gobiernos de una decena de países latinoamericanos, así como el financiamiento ilegal de campañas electorales. En Perú, por ejemplo, la procuraduría anticorrupción tiene bajo investigación al actual presidente y a tres de sus antecesores.

El caso es relevante porque podría confirmar cómo los agentes políticos funcionan como activistas encubiertos del capital privado, y utilizan al Estado como una plataforma de negocios, siempre, por supuesto, en perjuicio del interés público. Y podría ser la otra cara de la ya muy conocida transferencia de riqueza pública a manos privadas, a través de legislaciones generosas que permiten regímenes especiales, devolución de impuestos, evasión fiscal y declaratoria de deudas incobrables.

En Colombia la investigación ha mostrado algunos hilos gruesos que arrojan luz sobre la forma en que podrían estar operando poderosos intereses privados. Resulta que este lunes 6 de marzo el fiscal general de ese país reveló que los dos principales partidos políticos podrían haber incurrido en responsabilidad criminal.

Literalmente, el fiscal colombiano ha dicho que “a partir de inspecciones judiciales, testimonios y pruebas documentales, la fiscalía cuenta con nuevas evidencias que acreditan diversas modalidades de asunción de gastos” por más de 3.6 millones de dólares por parte del gigante de la construcción “en beneficio de las campañas presidenciales de 2014”. Revela con ello que Odebrecht, como quien participa en un casino, aportó dinero tanto a la campaña del actual presidente como a la de su principal competidor.

Ignoro si esto que sigue inquiete a alguien, o de plano ya hayamos todos mandado de vacaciones a nuestra capacidad de asombro, pero sucede que el principal ejecutivo de la constructora brasileña ha dicho que su dinero también tocó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las FARC, que se encuentran en tránsito de convertirse en partido político, lo han negado, desde luego, pero la duda ha quedado sembrada.

En otro país, Chile, por ejemplo, se han revelado los listados de las empresas que financian a los políticos chilenos, y eso explica muchas de las leyes que los políticos aprueban y los contratos que asignan. Pero quizá quien merezca la medalla de oro por la forma tan gráfica que empleó para explicar el perverso vínculo entre el capital privado y los negocios desde el Estado, sea nada menos que el magnate-presidente de Estados Unidos, la más acabada materialización de esta prodigiosa fiesta.

Durante un debate en las elecciones internas del Partido Republicano, el actual presidente se burló de sus oponentes al mostrarlos como títeres de las grandes compañías y alardeó de su poderosa chequera. Reveló que en su condición de multimillonario hizo fuertes donaciones, incluso a la fundación Clinton, y por si hiciera falta entró en confidencias: “Yo le doy a todo el mundo… cuando ellos me llaman, yo les doy, y cuando yo necesito algo de ellos les llamo y ahí están para besarme el trasero”.

Que estén saliendo a la luz los procedimientos de Odebrecht para repartir dinero a todos los competidores electorales, sólo viene a documentar las sospechas de escépticos y desconfiados de nuestro país. Ayuda a perder la inocencia y alerta a los interesados en el saneamiento de la vida pública para establecer cada vez más rigurosos controles sobre los que disponen del dinero público como si fuera suyo.

Puede ser útil, incluso, para ponerle atención a una discusión que en Querétaro ha pasado de noche, precisamente la relativa a la creación del sistema estatal anticorrupción. Ya organismos como el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) han alertado respecto de la farsa sobre la que se asentaría la independencia de la fiscalía anticorrupción en Querétaro, pues la iniciativa presentada por el PAN prevé que dependa de la fiscalía general, que de autónoma tiene lo que yo de astronauta. ¿Alguien habrá olvidado ya que el jefe del futuro persecutor de los corruptos fue nombrado, en su versión de procurador, por el mismísimo gobernador del estado? ¡Chulas investigaciones se avecinan!

Ciudad de Querétaro, marzo 8, 2017

 










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