La destrucción de nuestras zonas de Conservación Ecológica y el interés público

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Foto: ImageShack

Cuando la autoridad municipal decide otorgar cambio de uso de suelo en una zona de protección ecológica, y transformar nuestras reservas forestales en equipamiento urbano, lo hace bajo el considerando de que es de utilidad pública la construcción de una escuela, un hospital, una estación de gasolina, porque se está ofreciendo a la población un servicio necesario.

Las Zonas de Protección Ecológica son reservas estratégicas que tienen una función social, ambiental, urbana, económica y es en función del interés público que se establece su protección.

Lamentablemente las escuelas, los hospitales o las estaciones de gasolina, que se están aprobando en nuestras reservas forestales, si bien ofrecen un servicio, no lo hacen gratuitamente, son negocios y se está sacrificando el interés público en función de un reducido número de inversionistas.

¿Hasta cuándo seguiremos atomizando, degradando y destruyendo nuestras reservas forestales y nuestras Zonas de Protección Ecológica?

Muchos de nuestros ecosistemas forestales quedaron catalogados en los Planes Parciales de Desarrollo Delegacionales como Zonas de Protección Ecológica, estos planes fueron desarrollados por especialistas quienes provisionaron nuestras reservas ambientales en relación al crecimiento de la Ciudad para garantizar la prestación de servicios ambientales a la población, servicios que aseguran la calidad del aire que respiramos, la regulación del clima, la infiltración del agua pluvial para el reabastecimiento de nuestros acuíferos, la regulación de las avenidas pluviales, la retención del suelo y que de manera indirecta disminuyen los costos de mantenimiento de las infraestructura urbana y los riesgos ambientales a la población.

¿Para qué se elaboran Planes Parciales de Desarrollo Urbano si el cabildo los cambia arbitrariamente? ¿Para que invertimos recursos económicos y humanos en el desarrollo de un instrumento de planeación urbana si lo vamos a modificar según las necesidades presupuestales y los compromisos de los ayuntamientos?

¿Para qué se elaboran instrumentos de planeación urbana? Para ordenar, planear y planificar el crecimiento de la Ciudad…

La Conservación de nuestras Zonas de Protección Ecológica es de interés público y debe contemplarse como parte fundamental del Plan Estratégico Ambiental Metropolitano que deberá implementar gobierno del Estado con los Municipios.

Por otro lado, el art 117 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable especifica que los cambios de utilización de suelo en terrenos forestales se otorgan únicamente por excepción siempre y cuando no se comprometa la biodiversidad, la captación y la calidad del agua, no se provoque erosión del suelo y el uso propuesto provea mayores beneficios que el uso actual del terreno.

Pero los beneficios económicos no pueden compararse con los bienes ni con los servicios ambientales si no existe un calculo que permita valorar económicamente el precio de los bienes y servicios ambientales que van a ser sacrificados contra los beneficios económicos del proyecto presentado. Cuando se comparan piedras y manzanas no existen parámetros de referencia y no pueden aprobarse proyectos únicamente por que se piensa que el supuesto beneficio económico es mayor sin haberlo comprobado.

Por otro lado cuando se habla de beneficios se habla de beneficiados, un acto de autoridad se realiza en función del interés público , es decir en beneficio de la población , cuando se beneficia a un reducido número de inversionistas y se autorizan cambios de uso de suelo, no se evalúan los beneficios económicos que a corto, mediano y largo plazo recibirán los inversionistas a raíz de la destrucción de nuestro patrimonio natural, así que las autorizaciones que se dan en nuestras reservas forestales se realizan sin calcular, evaluar y cuantificar los bienes y servicios que se perderán y que de ninguna manera pueden ser sustituidos, reemplazados o compensados . No se evalúan ni cuantifican los daños ambientales ni su impacto acumulado a corto, mediano y largo plazos, no se evalúan ni cuantifican las obras de infraestructura que deberá construir el gobierno para mitigar los impactos ambientales ocasionados por la destrucción de nuestro entorno natural, no se evalúa ni cuantifica el costo social, económico, urbano ni ambiental, entonces ¿de qué beneficios estamos hablando y que estamos comparando?

La Ciudad, la Naturaleza y los contribuyentes ya no podemos continuar subsidiando el ” desarrollo”, y nuestros funcionarios no deben continuar promoviendo el crecimiento desordenado.










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