La Corrupción. La desgracia nacional

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Si parafraseamos a Vargas Llosa y nos preguntamos en qué momento se empezó a joder México con el problema de la corrupción, la respuesta nos obliga a remontarnos hasta la época de la conquista. Los españoles eran una cultura individualista y basada en el atesoramiento, Hernán Cortés era un micro empresario que comandaba algo así como un cártel de aventureros ambiciosos a los que, para acabarla de amolar, a la mayoría no les pagaba. La retribución era simplemente el botín ganado. Imagínese, así empezamos.

La conquista, independientemente de todos los factores positivos que haya abrigado, tuvo como predominio el robo, el saqueo, la explotación inhumana. Flagelos a los que nuestros antepasados indígenas correspondieron con una cultura de resistencia, forjada en el temor y la huida. Los usufructos de la corona española y la ambición de los nuevos mestizos produjeron una ambivalencia en la corrupción, la interna y la externa, con dos poderes que se regateaban las ganancias y el control, que aprovechaban la jabonosa regla jurídica y administrativa: “Se acata pero no se cumple”.

El movimiento de Independencia, la Revolución y el México institucional solamente adaptó a su circunstancia el robo de las arcas públicas de acuerdo con el líder en turno. Sólo algunos ejemplos, a Santa Anna no le bastaban las dos manos para robar y fue apodado el “Quince Uñas”; Porfirio Díaz mantenía a raya a los opositores salpicando la riqueza, lo que llamaba “Maicear”; Obregón en forma realista y con un dejo de cinismo exaltaba su estrategia para pacificar las ambiciones: “No hay general que resista un cañonazo de cincuenta mil pesos”. Fue la deshonestidad a cambio de la paz.

El México institucional se distinguió políticamente por un Presidente fuerte y un partido hegemónico. Pinza macabra que propició una corrupción devastadora y sin control alguno. Los generales y caudillos se bajaron del caballo y corrieron a las sillas de la burocracia o estrenaron oficinas dedicados a negocios privados con los que lucraron indiscriminadamente. El pueblo los bautizó irónicamente como la “Familia revolucionaria” pues, después de todo, las ganancias ilícitas siempre quedaban en familia.

Hasta 1968 los gobernantes se habían distinguido más por los daños que le hacían al erario que por represores. La masacre de Tlatelolco fue un parteaguas, pues exhibió con dramatismo que el famoso milagro mexicano era de utilería, su verdadero rostro era la represión y la muerte. Ante la ola de indignación por el asesinato de estudiantes el sistema político se concentró en cuidar los excesos de los organismos policíacos y optó por afinar sus métodos de cooptación y procesamiento pacífico de las protestas. El clientelismo adquirió niveles monumentales, en la misma proporción que una de las industrias más florecientes: la de la protesta. La culpabilidad poco disimulada de los gobernantes hacía que las manifestaciones populares, reales o inventadas, se acallaran a golpe de billetazos y con el encarcelamiento selectivo de los líderes.

La corrupción fue y ha sido el “as” bajo la manga del sistema político, ha servido lo mismo para un barrido que para un fregado: para legitimar a los nuevos gobernantes, controlar simpatizantes, cooptar opositores, reprimir adversarios, reducir las injusticias, promover actividades económicas, atenuar los errores legales. La corrupción ha sido el fiel de la balanza de la estabilidad nacional. Se dice fácil, pero mientras prácticamente todos los países latinoamericanos se sacudían con golpes de Estado, motines y revueltas, en México había paz y continuidad en sus instituciones. Con una gran ventaja: conforme ha distribuido sus bendiciones, genera complicidades indisolubles. Como en las películas viejas de los vampiros, las víctimas sufren un poco cuando les succionan la sangre, pasado el dolor, lejos de combatir a la bestia, optan por formar parte de la parvada.

Pero, vale preguntarse, ¿de toda esta situación, de chapotear en corrupción y de los daños que provoca a la nación, no se han percatado nuestros presidentes? Por supuesto que sí, desde Calles que habló sobre la necesidad de elevar la moralidad, hasta la actual lucha electoral, el tema de la corrupción ha sido la gran plataforma electoral de todas las campañas y de todos los candidatos presidenciales. Si fuera por promesas y discursos seríamos el país más honesto del mundo.

Se despertó una luz de esperanza en la lucha contra la corrupción en la alternancia del poder. Se imaginaba que los nuevos gobernantes que asumían el poder harían rendir cuentas a sus opositores. Divina ilusión, simplemente se inauguraron nuevas modalidades de corrupción, mientras los priístas recurrían a los empresarios para hacer negocios, los panistas eran empresarios y ellos sabían hacerlos solitos sin apelar a ninguna ayuda. Los panistas también impulsaron los famosos “moches”, es decir, negociar la entrega de presupuesto a cambio de recibir beneficios en las obras públicas. La izquierda fue más vulgar, las famosas bolsas de pan con fajos de billetes unidos con ligas. Los ecologistas no quisieron quedarse atrás y aportaron a la corrupción la negociación con las reservas protegidas.

En la alternancia la clase política nacional ha dado como lección al país: su gran capacidad de complicidad. Enfrentarse al gobierno es luchar contra un gran cártel. Ejemplo, los legisladores son demandados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violación a la libertad de expresión, los legisladores advierten ¡cuidado! porque nosotros les aprobamos el presupuesto. La CNDH se hace de la vista gorda y el Congreso compra impunidad. Y así se sigue la cadenita.

Otra gran esperanza para combatir la corrupción fueron los organismos constitucionales autónomos. Se consideraba que estos organismos, distintos y desvinculados a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; dotados de autonomía, profesionalizados, independizados de la política, con capacidades de vigilancia, inspección y fiscalización serían un magnífico instrumento de control. Otro sueño guajiro de la democracia. Los organismos constitucionales autónomos se han convertido en el gran tianguis de los partidos políticos: tú me das un Ministro de la Corte y yo te doy dos miembros del Consejo de la Judicatura.

Los organismos constitucionales autónomos se pervirtieron en su esencia, se hicieron partidistas y en consecuencia mandaron a la borda la profesionalización. Sólo un ejemplo, del que soy testigo y víctima, los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI antes IFAI) que sustituyeron a los anteriores, en menos de tres meses despidieron a más de doscientos trabajadores, sin importar méritos, experiencia ni carrera profesional. La razón principal que exponían en los despidos: “Es que el Comisionado para llegar aquí tuvo que hacer algunos compromisos y los tiene que pagar con la nómina”.

Un hecho curioso y significativo. Para conmemorar el Bicentenario de nuestra Independencia el gobierno decidió construir un gran monumento, la llamada Estela de Luz, que tuvo un costo adicional del 192%. Irónicamente el festejo reveló el gran pecado de todos nuestros gobiernos a través de su historia: la corrupción.

Pobre de nuestro país, años y años en los que ha parecido no estar habitado por mexicanos sino por una tropa de ocupación extranjera que encuentra en la política el mejor medio para enriquecerse. ¿Cuáles han sido los resultados de la lucha contra la corrupción y su supuesto combate? Según información recopilada por la investigadora Amparo Casar son los siguientes:

Para 2016 los costos de la corrupción fluctúan entre 2% y 10% del Producto Interno Bruto, entre 414 mil millones y dos billones de pesos. El Sistema de Administración Tributaria informó que las “operaciones inexistentes” suman alrededor de 900 mil millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación en quince años de revisión de la Cuenta Pública reportó irregularidades por 752 mil millones de pesos. Tan sólo para la cuenta pública de 2015 la cifra asciende a 65 mil millones de pesos. Esto equivale a 80% del presupuesto del programa social más importante, Prospera o a 2.4 veces lo que gastamos en el CONACYT.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer en marzo de este 2018 su “Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)” . Afirma que en 2013, el porcentaje de los encuestados que manifestó haber padecido un acto de corrupción en su contacto con algún servidor público fue de 12.08 por ciento. En 2017, ese porcentaje subió al 14.63 por ciento. Aunque el incremento relativo es de 2.55 puntos, en términos absolutos significa que creció en 21 por ciento el número de personas, por cada 100 mil habitantes, que padecieron un acto de corrupción el año pasado respecto al 2013.

Obviamente la gran causa de tan floreciente corrupción es porque va estrechamente unida con la impunidad. De acuerdo con el “Índice Global de Impunidad”, elaborado por especialistas de la Universidad de las Américas de Puebla , México tiene un índice de impunidad de 69.8. Ocupa el primer lugar en América Latina y el cuarto de los países con más impunidad en el mundo.

La corrupción y su hermano siamés, la impunidad, alimentan y reproducen la desigualdad, la violencia y la inseguridad. La corrupción y la impunidad son el cáncer, los demás flagelos son su metástasis. Si a este contexto agregamos el poder del narco, llegamos a la conclusión de que la corrupción en México es sistémica, ¿qué quiere decir esto? Lo siguiente:

• No es circunstancial ni se limita a una sola institución o área de la administración.

• No se reduce a dos o tres ovejas descarriadas.

• Es una corrupción que está en todos los niveles de gobierno.

• Es una corrupción cotidiana y rutinaria.

• Estructural y coyuntural.

• Endémica y omnipresente.

• Puede actuar aisladamente o en cadena.

• Organizada y sin organizar.

• En la mayoría de las ocasiones cuenta con la complicidad explícita o implícita del superior y/o de la víctima.

• Está en acción o en potencia; se contagia y multiplica.

• Recurre a métodos tradicionales o a tecnología de punta.

• Se alimenta y realimenta.

• Su práctica forma parte de la esencia del Estado.

• Lo más grave de su realidad, es capaz de todo si se siente amenazada y ha dado testimonio de una dinámica muy superior a la respuesta de la sociedad y el gobierno.

Sólo un ejemplo, el libro que escribí sobre el tema: “La corrupción. Patología colectiva”, a punto de imprimirlo tuve que sacarlo varias veces de los talleres, pues surgían nuevas estrategias de corrupción que hacían al diagnóstico pasado de moda.

Ante este problema que nos abruma, el mayor peligro es el cinismo, no podemos pensar que la corrupción es normal, parte de nuestro genoma, de nuestro mestizaje. La corrupción es el síntoma, la llaga purulenta de una enfermedad que invade todo el orden de convivencia. No es un hecho aislado, no brota como una palomita de maíz, requiere de todo un contexto que la auspicie. Es de los fenómenos llamados rotonda, o más elegantemente, auténticos microcosmos, donde inciden no uno, sino un sinnúmero de causas que lo generan, lo desarrollan y lo multiplican.

La dimensión monstruosa y compleja de la deshonestidad no es propicia a las recetas unidimensionales y simplistas; no hay un vademécum contra la corrupción, pues abarca causas históricas, culturales, jurídicas, económicas, salariales, administrativas y judiciales. En consecuencia, para resolver semejante problema es indispensable una visión integral del fenómeno. Desborda a los límites de este ensayo incursionar sobre sus diversas soluciones, sólo quiero dejar constancia de mi optimismo, pero soy optimista, al estilo de Harold Wilson. El ex primer ministro inglés afirmaba: “Soy un optimista, pero un optimista que lleva siempre consigo un paraguas”.

¿Cuál es mi paraguas? Vale enfatizar que no lo es la clase política. La actividad política se ha convertido en una profesión de ricos y/o con espléndidas influencias. Los elevadísimos costos de las campañas, principalmente encarecidos por la televisión, han hecho insuficiente cualquier recurso oficial y los partidos y candidatos, en su ansiedad de ganar, se han visto presionados a recurrir a otros oscuros patrocinadores, con los consecuentes compromisos a espaldas del electorado. ¡Gane Hoy! ¡Pague después!

En las elecciones prácticamente todos los partidos sobrepasan los costos legales. La presión del dinero ha convertido a los partidos y a los procesos electorales en la gran fuente de corrupción moderna. En manos de estos ganadores, atados de manos por sus compromisos electorales, no hay marco jurídico o institución contra la corrupción que funcione bien.

Mi paraguas es la participación ciudadana. No digo nada nuevo, el Banco Mundial ya ha planteado que la corrupción sólo se puede controlar cuando los ciudadanos deciden no tolerarla más. La participación incluye a la sociedad civil y a los grupos empresariales que se suman a la investigación, prevención y denuncia de casos de corrupción. Los últimos grandes escándalos de corrupción han sido revelados por organismos no gubernamentales.

Mi paraguas es la globalización. La globalización observa el mundo como un gran negocio y los negocios no se llevan con la corrupción, pues se aumentan los costos por lo tanto los precios de los productos. Se deja de ser eficiente y competitivo. No hay mayor estímulo para la élite empresarial en la lucha contra la corrupción que las ganancias, las que necesariamente deben estar subordinadas a la certidumbre en la aplicación de la ley.

Mi paraguas son las redes sociales, que han quitado de las manos al gobierno y a los ricos el control de la opinión pública. Cada ciudadano es un investigador, un reportero, un inspector, un gran comunicador, presto a avalar su denuncia con grabaciones e imágenes. Por primera vez en la historia de la democracia moderna la opinión pública no es solamente la opinión publicada sino también la generada por los ciudadanos. De la misma forma, los avances tecnológicos, con aparatos cada vez más pequeños y silenciosos, cada vez mejores para descubrir y registrar lo que pudiera estar oculto en la calle, en las oficinas públicas, en la empresa.

Mi paraguas son los medios de comunicación que han encontrado en los escándalos de corrupción la nueva gran veta del rating. En el pasado los medios tenían un papel muy importante, pero sólo como multiplicadores de la información y difusores de las campañas del gobierno, ahora como denunciantes. Son los medios los que más utilizan las nuevas posibilidades del derecho de acceso a la información y los fiscalizadores más acuciosos. Esto va relacionado con el magnífico recibimiento que tiene por parte de la audiencia las balconeadas por casos de corrupción. El gobierno y los dueños de los medios sólo necesitan respetar la libertad de expresión y reducir al mínimo la censura.

Mi gran paraguas son las universidades públicas. Permítaseme iniciar con un chiste. Estamos en la época de las cavernas, el primer “homo sapiens” revisa las calificaciones de su hijo en la escuela y le dice: “Comprendo tu bajo rendimiento en agricultura, pues todavía no conocemos bien las plantas ni la tierra; estoy de acuerdo que no seas sobresaliente en caza, pues nuestros instrumentos para atrapar y matar animales no están perfeccionados. Pero lo que me resulta intolerable, lo que no puedo soportar y por lo que te voy a castigar severamente, es que hayas reprobado en historia, cuando no hemos escrito ni un renglón”.

En sentido contrario, un ciudadano mexicano podrá no saber de las políticas de pensiones, puede no tener idea de la deuda externa, pero lo que resulta inadmisible es que no sepa del problema de la corrupción, cuando es parte fundamental de nuestro pasado y de nuestro presente; cuando es nuestra desgracia nacional. Ha sido tal la continuidad y permanencia de este castigo, que la lucha contra la corrupción la tenemos que convertir en un artículo de primera necedad de la canasta cívica del mexicano. Sí, de necedad, pues sólo siendo incansables y necios podemos evitar que la corrupción permanezca como la principal causa de los problemas del país e incida como el mayor obstáculo de las soluciones con las que tratamos de resolver los infortunios que padecemos. En esta cruzada la educación es fundamental.

Es responsabilidad de las universidades públicas contribuir, interna y externamente, a la socialización del conocimiento de la corrupción y de sus antídotos. Los derechos ahí están, pero la mayoría son muy vagos y generales, se necesita que todos los conozcamos para exigirlos y evaluarlos en su eficacia y resultados.

Por ejemplo, para evitar que estos escándalos de deshonestidad se reduzcan a una variante pasajera de los reality shows y se evapore la indignación nacional, es necesario que las universidades públicas promuevan en los planes de estudio, conferencias, pláticas, diplomados. Amplíen el debate, precisen el diagnóstico sobre la corrupción, entretejan las opiniones y argumentos racionales con los casos de carne, hueso de sus respectivas carreras. Se ampliará así la interacción entre los universitarios y la sociedad a la que nos debemos. Entre todos buscaremos las mejores soluciones y en las que estamos dispuestos a poner toda nuestra buena intención y acciones.

El Sistema Nacional Anticorrupción, la mayor apuesta de la clase política contra la corrupción, ha implicado cambios en el marco jurídico nacional sin precedentes. No solamente de leyes sino también de instituciones. En cascada se provocarán cambios en todos los niveles de gobierno y demandará un servicio profesional de carrera. Se abre un gran espacio de posibilidades para las universidades públicas de ampliar la oferta académica y proponer nuevas especialidades.

La responsabilidad de las Universidad públicas en este problema se multiplica en virtud del siguiente hecho. Por la omnipotente y omnipresente corrupción en la vida pública la sociedad ha perdido la confianza en los políticos, en las instituciones, en las leyes; se ha deshilachado el tejido social. La citada y reciente investigación del INEGI, “Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)”, preguntó por el nivel de confianza que los ciudadanos tienen a diversas instituciones. Los más desprestigiados son los partidos políticos, a los que sólo les tienen confianza el 17.8 por ciento de los ciudadanos. Luego están los diputados y senadores, con un 20.6 por ciento de confianza. (Un paréntesis, aún así la clase política propone la solución a nuestros problemas los gobiernos de coalición, que sería el delirio orgiástico de las cúpulas). El antepenúltimo lugar del nivel de confianza es el gobierno federal, que es de 25.5 por ciento.

En el otro extremo tenemos la confianza, los ciudadanos a quien mayor confianza otorgan son a los familiares, con un 87 por ciento de porcentaje; en segundo lugar, se encuentran las universidades públicas, con un porcentaje de 77 por ciento; y, en tercer lugar, están las escuelas públicas básicas, con un 75 por ciento.

Este gran patrimonio de la confianza, en otras palabras, de la credibilidad, aumenta la responsabilidad de las universidades públicas para encabezar la lucha contra la corrupción. No hay mejor homenaje al movimiento de 1968, que las universidades públicas recuperen el lugar que les corresponde en la lucha contra la corrupción, como la gran instancia crítica, moral y ética de nuestra convivencia social. Será el mejor paraguas contra la lluvia ácida de la corrupción.

* Ensayo publicado en el libro “A 50 años del 68, persistencia de la memoria”. UAQ. 2018.

 










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