Javier Valdez, el más reciente

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El lunes 15 de mayo fue asesinado en Culiacán el periodista y sociólogo Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario Ríodoce y corresponsal del diario La Jornada en Sinaloa. El crimen ocurrió a sólo unas semanas de otro crimen de alto impacto, aún no esclarecido, el de Miroslava Breach, corresponsal del mismo diario en Chihuahua. Se nos han ido acabando los adjetivos para repudiar hechos como éste.
Se trata de un periodista que le dio dimensión nacional e internacional al complejo acontecer en una región que se volvió símbolo del narcotráfico. Valdez investigó a fondo las tenebras de esta actividad criminal y escribió casi una decena de libros, indispensables para comprender la naturaleza profunda de la narcopolítica en México. Algunos de sus títulos revelan los filones analizados: Malayerba, Los morros del narco, Levantones y Narcoperiodismo.

De inmediato, las autoridades dispararon sus misiles declarativos. La Secretaría de Gobernación dijo que ante crímenes de periodistas “habrá respuestas de Estado” (en realidad, no alcanzo a comprender qué quiso decir con eso). El gobernador Quirino Ordaz dijo que se llegará “hasta las últimas consecuencias” y el presidente de la República sacó del cajón de las mil ocurrencias un nuevo plan de protección a comunicadores.

La realidad anda en otra parte. No en la retórica hueca de los gobernantes. México se ha convertido en un país anegado de crímenes sin esclarecer. Las cifras son de escalofrío. El número de periodistas que han sido asesinados en tan sólo lo que va del año equivale a todos los asesinatos de periodistas acumulados en 2001, 2002 y 2003.

México ha sido ubicado por la organización Reporteros sin Fronteras en el tercer lugar del mundo en peligrosidad para el trabajo informativo. Por el recrudecimiento de la violencia generalizada, apenas la semana pasada, un organismo independiente con sede en Londres mostró cifras que ubican a México como “el segundo país más letal” del mundo, sólo después de Siria, y por encima de Irak, Somalia y Afganistán.

El asesinato de Javier Valdez desató una reacción intensa e inusitada: movilizaciones en doce estados, paros de labores, marchas y plantones, un mitin ante la Secretaría de Gobernación, en la capital federal y, por supuesto, expresiones de repudio en Querétaro. La irritación tiene fundamento. Sólo un dato: de 743 averiguaciones previas relacionadas con crímenes contra periodistas, únicamente tres casos han concluido en sentencias condenatorias. El dato, proveniente de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la Procuraduría General de la República, cae por su propio peso.

Si eso no fuera suficiente, como evidencia de que al Estado poco le importa garantizar la libertad de expresión, durante la actual administración federal esa fiscalía ha venido siendo debilitada de manera paulatina. Se le ha reducido su presupuesto de modo dramático, de manera que su asignación actual equivale a la mitad de la que tenía hace tres años. Ese es el auténtico dato duro. Y de eso deben responder el Ejecutivo federal y los partidos políticos, que hoy dicen llorar al caído.

De pronto, hasta las expresiones de condena parecen sacadas del repertorio de los resentidos. Por eso es pertinente hacer hablar a los números. Que las cifras constituyan, por su propio peso, la denuncia. Vivimos en la absoluta impunidad. Vivimos en el más vergonzoso desprecio por el conocimiento y la libertad. Vivimos en la más notable precariedad del Estado.

Mayo 18, 2017

 










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