Inicio del proceso electoral rumbo a 2018

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Ya empieza lo electoral,

Con cambio de Presidente,

Los actores se ven mal,

Escándalo está presente,

Yo creo que lo principal,

Es que despierte la gente.

El día 8 de septiembre dará inicio el llamado proceso electoral 2017-2018 en el que estarán en juego 3,447 puestos de elección popular, incluyendo elecciones en nueve entidades federativas (Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán) y la elección federal (500 diputaciones, 128 senadurías y la Presidencia de la República). El próximo año los partidos políticos recibirán la cifra histórica de 6 mil 778 millones de pesos que acaba de aprobarles el INE, más los recursos que recibirán en cada uno de los estados del país en que habrá elecciones lo que dará un total de 11 mil 904 millones de pesos y los partidos nacionales que podrán participar solos o en alianzas son nueve: PAN, PRI, PRD, Verde, PT, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social).

Con base en la legislación vigente, 30% de los recursos serán distribuidos entre los partidos de forma igualitaria y el restante se distribuirá en función del porcentaje de votos que obtuvieron en la elección de diputados inmediata anterior. La primera etapa es la preparación de la elección (inicia el 8/09/2017 con sesión del INE y concluye al iniciarse la jornada electoral. La segunda etapa es la jornada electoral (inicia a las 8:00 horas del primer domingo de julio y concluye con la entrega de los paquetes electorales al Consejo Distrital.

La tercera etapa es la de cómputo y resultados de las elecciones (inicia con la recepción de los paquetes electorales de las casillas en los Consejos Distritales y concluye con los cómputos de las elecciones respectivas y la cuarta es la de las declaratorias de validez (inicia al concluir el cómputo de cada elección y concluye con la entrega de las constancias de mayoría y las declaratorias de validez de cada una de las elecciones).

Yo estoy convencido que nuestro sistema democrático tiene dos grandes inconvenientes, por un lado es muy costoso y por el otro y más grave es que es de muy mala calidad. Si fuera caro pero al final todos los ciudadanos quedáramos satisfechos con la actuación de los partidos políticos, de los candidatos, de las autoridades electorales y con los resultados, el malestar sería mucho menor, pero si lo comparáramos con un proceso industrial resultaría que gastamos mucho en producir un bien y ese bien, una vez producido, es de pésima calidad.

El financiamiento a los partidos políticos ha pasado por varias etapas a lo largo de nuestra historia ya que al principio eran casi agrupaciones de notables con pocos gastos y su financiamiento provenía de donaciones de simpatizantes, candidatos y diputados de cada partido, a excepción del PRI que era tratado por el gobierno como si fuera otra secretaría de estado, contaba con presupuesto y los funcionarios de uno y otro lado eran intercambiados como si fueran enroques dentro de la administración. En 1977 se estableció expresamente en nuestra constitución la importancia de los partidos políticos como entidades de interés público con derechos y obligaciones y en la reforma legal de 1987 se incluyó por primera vez el financiamiento público de carácter pecuniario para los partidos políticos a partir del número de votos obtenidos en las elecciones federales inmediatamente anteriores y el número de curules logradas por cada partido. En 1990 se ampliaron los conceptos de financiamiento público y en la de 1993 se agregó el concepto de desarrollo político para apoyar a partidos con registro más reciente, se establecieron reglas para el financiamiento privado, topes de campaña, mecanismos de información, supervisión y fiscalización, se prohibió el financiamiento proveniente de entidades de gobierno, de extranjeros, de ministros de culto y de empresas mercantiles y se determinó que las aportaciones privadas no serían deducibles de impuestos. En 1996 se pactó que el financiamiento público predominara sobre el privado. De 1990 hasta 1996, las reformas pretendieron crear un marco normativo para un régimen de partidos plural y competitivo, que regulara y promoviera contiendas electorales equitativas, confiables y apegadas a derecho y para la aplicación de estas reglas se crearon dos organismos: el IFE y el TEPJF. Se precisaron las fuentes legítimas para obtener financiamiento privado y sus límites.

Después de la polémica elección del 2006 vino otra reforma para regular la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión para fines electorales, para prohibir no sólo a los partidos políticos la contratación de propaganda político electoral en radio y televisión, sino a cualquier persona física o moral, incluyendo a los candidatos o precandidatos a cargos de elección popular, dirigentes y afiliados a un partido político, así como a los ciudadanos en general, se estableció un régimen de amplia fiscalización a las finanzas de los partidos y las sanciones a que se hacen acreedores si violan la ley.

Cada elección es un desastre, partidos y candidatos violan las leyes y reglamentos y las autoridades lo permiten y argumentan que requieren más recursos para cumplir mejor sus funciones. Los ejemplos más recientes los tenemos en las vergonzosas elecciones en el Estado de México y en Coahuila en las que en la cara de las autoridades se cometieron todo tipo de ilícitos y todo el mundo se percató menos ellas. La clase política discute, propone nuevos cambios para ahora sí, evitar que se vuelva a repetir la situación. El cambio que se requiere es muy profundo y no sólo en lo electoral sino en todo el funcionamiento del Estado, empezando por definir el modelo del país al que aspiramos.

No obstante lo anterior, casi nadie discute esos temas, salvo pequeños grupos. La clase política se está preparando para tener campañas llenas de descalificaciones, de escándalos, de acusaciones de unos contra otros, unas con pruebas otras sin ellas, no importa, lo importante es tener distraída a la gente. La sociedad necesita despertar para jugar el papel que legítimamente le corresponde en una democracia y dejar de ser observadora pasiva de los acontecimientos. ¿Usted qué opina?

memo_casa@hoo.com

 










Cada colaborador es responsable de lo que escribe y sólo rinde cuentas ante la sociedad y ante sí mismo. Se trata de pensar libremente y hacer pensar en la medida de la inteligencia de cada uno.

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