Incitación a la delincuencia electoral

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 voto en nulo
POR E. M. Zaragoza

El gobernador de Querétaro incita a la delincuencia electoral cuando promueve que los gobernadores emanados de PRI, PAN y PRD articulen su capacidad de operación política para frenar al disidente Andrés Manuel López Obrador. Ha revelado, incluso, que atendiendo al objetivo de derrotar a ese candidato, participó en una reunión de 15 mandatarios locales con Ricardo Anaya.

Y, claro, con el corazón repartido, dice que aún no sabe si será el panista o el priísta quien pudiera encabezar esa “potente” máquina de Estado. Bueno, en un arrebato de estratega, todavía se da el lujo de excluir de tal negociación a la presidencia de la República, pues “ellos ya van de salida”, además de que, dice, es en los gobiernos locales donde está la fuerza necesaria para tal maquinación.

El estado de Querétaro tiene problemas de todo tipo –los de seguridad, por ejemplo, son muy severos–, y el gobernador Francisco Domínguez Servién actúa con irresponsabilidad al ocuparse de operaciones electorales. Está confesando lo que desde una gubernatura puede hacerse, o seguramente se hace, para atentar contra la equidad de la contienda. Y a confesión de parte, relevo de pruebas.

Estamos ante indicios de un atentado contra los artículos 134 de la Constitución General de la República y 6 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, que establecen las prohibiciones de los servidores públicos en materia electoral. Procede una investigación a cargo de las autoridades administrativas y judiciales. El artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales detalla las seis prohibiciones que aplican al gobernador y a todos los servidores públicos, entre los que figuran la compra y coacción del voto.

Debe el gobernador sacar las manos de esta elección y de todas. Aunque parece tener metido todo el cuerpo. Lo electoral no es terreno del gobernador. No está dentro de las competencias que le otorga el artículo 22 constitucional. Su investidura constitucional, y los recursos a ella atados, no pueden ser usados para contribuir a la polarización del país.

Es inquietante lo que ha planteado el gobernador de Querétaro. No sólo porque está en consonancia con los intereses de la plutocracia, esa élite que sólo ve por sus negocios y es promotora y beneficiaria del miedo, sino porque los partidos que él sugiere se unan, han creado entramados que les permiten emplear a las instituciones para sus aviesos propósitos. Cheque usted, por ejemplo, el vínculo personal entre el candidato presidencial del PAN y los titulares del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Ante la sospecha, de esos árbitros locales, y del árbitro nacional, el INE, se esperan actos que preserven la equidad en la contienda, así como evidencias firmes de imparcialidad.

Que PRI y PAN puedan pactar un candidato único, es el arma que les falta. Encajaría con su naturaleza. No hay que olvidar que en 2012 esos dos partidos negociaron en secreto las reformas del Pacto por México, lo que selló el cogobierno que de facto ha imperado en México, y que es una de las fuentes del desastre que padecemos. ¿Quedará en la impunidad esta nueva intentona de obtener votos en forma indebida y retorcer la voluntad del electorado?

Ciudad de Querétaro, mayo 16, 2018

 










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