Errores

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Recientemente se han desgranado insólitas declaraciones de reconocimiento de errores cometidos por el Estado en al menos las últimas cuatro administraciones federales.

Reconocer errores es una alentadora señal. Sin embargo, al tratarse de cuestiones de suma gravedad y las confesiones se han quedado en el plano declarativo, tendrían que abrirse expedientes formales y escalar al terreno de las responsabilidades administrativas y penales. Sobre todo, por estar vinculadas a pérdida de vidas y severos perjuicios patrimoniales.
Hace unos días, el canciller Luis Videgaray reconoció que el actual gobierno federal incurrió en errores, particularmente en materia de “seguridad pública y violencia”, aunque no ofreció mayor precisión. Semanas atrás, el ex presidente Ernesto Zedillo, que gobernó entre 1994 y 2000, reconoció que fue una política equivocada del gobierno de México apostar a la prohibición de los estupefacientes en lugar de regular su producción, circulación y consumo. ¿Fue error o fue una decisión deliberada? No hay que olvidar que justo en la administración Zedillo se conoció la primera gran evidencia del nexo entre el Estado y el narcotráfico, al más alto nivel.
De las dos administraciones siguientes, ambas de extracción panista y que abarcaron de 2000 a 2012, también hemos conocido confesiones. Durante el reciente proceso electoral, el ex presidente del Partido Acción Nacional, y también ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, admitió que los gobiernos de Felipe Calderón y Vicente Fox son responsables de haber cometido errores, sobre todo a raíz de que nada hicieron por desmontar el viejo régimen. Incluso, hace dos años el propio presidente Felipe Calderón admitió públicamente que su gobierno cometió “muchos errores” en la guerra contra las drogas, particularmente en lo relativo a la corrupción entre policías y funcionarios del Estado que formaban parte de la delincuencia organizada.
A estas confesiones habría que eslabonar aquí el reconocimiento que hace apenas unos días un órgano del Estado mexicano formuló sobre la masacre de estudiantes ocurrida en 1968, al asumirla oficialmente como un “crimen de Estado”. Por si faltara recordarlo, el secretario de Gobernación de hace 50 años, y que ocuparía luego la presidencia, aún vive.
En este último caso, como en los que involucran a la actual administración federal y a las tres precedentes, es preciso que el Estado investigue y proceda a los pasos consecuentes. Al menos cinco pasos. Uno, que se esclarezcan los hechos confesados para establecer si los que actuaron en nombre del Estado incurrieron en negligencia, decisiones deliberadas o efectivamente se trató de simples errores; dos, que se dicte una formal sentencia; tres, que el Estado pronuncie una formal disculpa pública, como se hizo en el caso de tres indígenas queretanas encarceladas injustamente; cuatro, que se adopten medidas para garantizar la no repetición y, cinco, que se establezcan mecanismos para la reparación integral de los daños.
Pues sí, porque si la confesión del Estado no va acompañada de una penitencia, la confesión quedará en “contrición imperfecta”, es decir, en mera vacilada.Ciudad de Querétaro, octubre 18, 2018










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