En Do Mayor

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 Patrullaje militar carreteras -1
Por. Jovita Zaragoza Cisneros. El grueso de la población NO sabemos cuál es el contenido o qué puntos contempla la Ley de Seguridad Interior, aprobada este 30 de noviembre por la Cámara de Diputados y en curso para aprobarse en la de Senadores. Pero, la inquietud está latente y las alertas encendidas entre diversos organismos nacionales e internacionales que SÍ conocen su contenido y están alzando ya la voz ante lo que hasta hace poco fue manejado como excepción y hoy se pretende instaurar como regla: La militarización del país.

La ley -se dice- llegó con la consigna de aprobarse de inmediato. Y hay quienes preguntan: ¿Por qué la prisa para su aprobación? ¿El rechazo de tantas voces a este Ley es contra los militares o contra este gobierno de escasa credibilidad ante una ciudadanía vulnerada por la impunidad, la corrupción y la marcada violencia que permea por todo el país?

La iniciativa, señalan varios analistas, tiene imprecisiones y huecos que son de considerar. Es verdad que las instituciones como la del Ejército, presente en más de 20 Estados del país es, en algunas partes, reconocido por su desempeño eficaz y necesario. Es también verdad que hay regiones del país donde su presencia es bien recibida. Pero, es también verdad que no es un mecanismo adecuado que garantice efectividad para combatir al narcotráfico. Como también es verdad que cifras duras de crecimiento de la delincuencia y el recrudecimiento de ella, hablan de que, desde que el ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa, iniciara la llamada “ guerra contra el narcotráfico”, sacando para ello a los militares de sus funciones que marca la Constitución, la violencia no solamente disminuyó, sino que hubo un considerable crecimiento en este sexenio en el que el gobierno actual continuó con ese modelo.

En este escenario, ante la inquietud y rechazo ciudadano que hay por su posible aprobación se hace necesario preguntar: ¿Es la aceptación de parte del sistema de estar rebasados por la delincuencia organizada? ¿Qué escenario de posible violencia contemplan pueda presentarse en el 2018? ¿Por qué no se atendieron las exigencias que diversos organismos sociales hicieron para trabajar en reformas que llevaran a la profesionalización de la policía del país? ¿Por qué nunca atendieron a las recomendaciones de organismos de Derechos Humanos que sugirieron velar por las garantías ciudadanas? ¿Cuál es la prisa del gobierno para exigir la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que se venía impulsado desde principios de este año y que, de súbito, urgen su pronta aprobación?

El actual Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan E Pardinas, abunda en el tema en su artículo del Reforma. En él reconoce el respeto que se guarda a La Marina y el Ejército y la vulnerabilidad también con que han sido expuestas a tareas que corresponden a cuerpos policiacos. “El uso de efectivos militares para tareas policiales ha sobrecargado a los miembros del Ejército y a la Marina de responsabilidades que no le corresponden, con entrenamiento que no tienen. Soldados y marinos han aguantado con estoicismo republicano la frivolidad, el desdén, y la corrupción de gobernadores estatales que no han hecho ningún esfuerzo tangible para fortalecer las fuerzas policiales de sus entidades”. Abunda en el tema y recuerda: “EPN prometió que habría mejor coordinación en los gobiernos estatales en materia de seguridad . La supuesta “profesionalización” no se materializó en la profesionalización de las fuerzas locales de la policía. Hoy, en varios estados del país, hay ministerios públicos que pueden tener jornadas de trabajo de 60 horas a la semana con salarios de 8 mil pesos al mes. ¿Para qué invertir recursos en mejorar las policías, si con un berrinche del gobernador se puede interceder para movilizar a las fuerzas federales?…”

¿SEGURIDAD PARA QUIÉN?

Un tema delicado que, por su naturaleza, dejo en manos de expertos. Me limito a exponer aquí, algunos de las voces de especialistas que se han expresado desde que esta comenzó a plantearse hace poco más de un año y que hoy, de manera súbita, vuelve a estar en la mesa de discusión.

La encrucijada de salir de la situación de violencia que hemos estado experimentando y las estrategias fallidas implementadas por el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón y continuadas por el actual gobierno, han sido ampliamente tratadas por expertos investigadores y analistas que han advertido lo delicado que resulta querer cubrir los vacíos institucionales con requerimientos de una intervención militar.

Algunos de estos estudios han sido recogidos por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, (CMDPDH) organismo que bajo el nombre de “Seguridad Interior ¿Seguridad para quién?” ofrece el estudio de más de 20 voces de especialistas que han dado seguimiento al tema de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior. En sus trabajos, han analizado la problemática de nuestro país en materia de las víctimas que el combate a la violencia ha dejado.

Una de las voces corresponde a la profesora e investigadora de la división de Estudios Jurídicos del CIDE y Doctora en Derecho, Catalina Pérez Correa, quien a finales de diciembre del 2016 hacía un llamado para una necesaria reflexión: “Nuestras policías e instituciones de justicia son más débiles hoy que hace 10 años. La dependencia del Ejército y las Fuerzas Armadas para realizar funciones de seguridad pública, que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, también es mayor. Hemos quedado así en una encrucijada de difícil salida. No podemos retirar al Ejército de las calles porque las policías locales no tienen capacidades de enfrentar al crimen organizado, o forman parte del mismo. A la vez, la presencia del Ejército implica que los gobiernos locales no tienen (ni tendrán) incentivos para mejorar a sus policías (al fin que el gobierno federal lo asume). Es decir, mientras el Ejército haga toda clase de tareas de seguridad pública, como hoy hacen, la precariedad de las policías seguirá sin ser atendida y será imposible retirar al Ejército. Un círculo vicioso que lleva a la militarización indefinida. ¿Qué hacer?”, planteaba.

Los Senadores Roberto Gil Zuarth ( PAN) y César Camacho ( PRI) y otros más, impulsaban ya la propuesta, cuyas implicaciones advertían expertos en Leyes: “Si hemos de vivir en una república civil, la intervención militar deber ser la excepción, no la regla. Cualquier propuesta de regulación del Ejército debe ir orientada a regresarlo a sus cuarteles, responsablemente…”, señaló Pérez Correa y añadía: “Sin un entendimiento claro, se propone movernos más hacia la militarización, sin cuestionar los resultados que 10 años de esta estrategia han dejado y sin tomar en cuenta los riesgos que esto tiene para la población civil o para las posibilidades de profesionalizar las policías. Se asume que es posible mejorar la seguridad pública simplemente dotando de facultades de prevención e investigación del delito a quienes no están entrenados, ni equipados, ni preparados para llevar a cabo esa labor. Peor aún, se propone hacerlo en un régimen de total opacidad, reservando toda información sobre las actuaciones, y sin controles por parte del Poder Legislativo o Judicial, ya no hablemos de la autoridad civil. Nadie puede negar la situación extrema en que se encuentran importantes territorios del país y la necesidad de la intervención de las fuerzas federales. Pero los costos de los últimos 10 años debieran convencernos que más de lo mismo no tendrán resultado…”

¿MILITARIZACIÓN O DEMOCRACIA?

Las implicaciones que esta propuesta de Ley tiene para la vida del país, fue también abordada por otro de los investigadores. A principios de este 2017, el Doctor en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey y reportero del Huffington Post México, Fernando Mora exponía en un artículo denominado “¿Militarización o democracia?: “En materia de seguridad, México se encuentra en una crisis muy similar a la que se vivió en los años noventa. La situación es sumamente grave… El futuro no es muy alentador, y parafraseando una de las múltiples versiones de la Ley de Murphy: “Todo lo que puede salir mal, puede salir peor”. El pasado diciembre, el poder ejecutivo envío una iniciativa al congreso que busca regular el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. La Ley de Seguridad Interior o “Ley Cienfuegos” será discutida –o mejor dicho, negociada– en febrero cuando inicie el periodo ordinario de sesiones. Dicha ley no solo representa otro duro revés a la sociedad civil que ha trabajado por impulsar modelos de seguridad con base en el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y en la profesionalización de las corporaciones policiales. También es un abierto atentado en contra de nuestra frágil y joven democracia. La iniciativa en términos generales busca proveer de un marco legal a algo que ya venía sucediendo desde la administración de Calderón: Fuerzas Armadas haciendo tareas de policías. Algunos de los legisladores ven esta iniciativa con buenos ojos, pues se regulará algo que no estaba contemplado en la ley. Sin embargo, no porque se ponga en la ley, implica necesariamente que esto sea benéfico para la sociedad…”

“SI LOS MILITARES HABLARAN”

Es el título del artículo que el actual Consultor en Seguridad y Reforma policial, Ernesto López Portillo, ofreció también a principios del año. El tema lo abrió con una interrogante: “ ¿La ley de seguridad interior es la vía para acelerar la sustitución de los civiles por los militares, ante la descomposición de la autoridad civil? Si los militares hablaran, nos enteraríamos de su diagnóstico respecto a las condiciones en las que se encuentran las instituciones policiales y las de procuración de justicia a lo largo del país. Si hablaran, también accederíamos a la información que ellos tienen sobre la corrupción de los funcionarios electos de los tres órdenes de gobierno. Eso jamás sucederá y, de cara a las discusiones en torno a la iniciativa de creación de la ley de seguridad interior, nos coloca ante un problema mayor y cuyas consecuencias apenas podemos atisbar. Durante toda mi carrera profesional he hablado con representantes de las Fuerzas Armadas. La constante ha sido clara: reconocen una profunda descomposición en la autoridad civil, pero no lo hacen de manera pública. La manera como interpretan el problema está en consecuencia fuera del alcance de los gobernados. Pero no solo ello, mi experiencia es que el poder público civil en general tampoco conoce las enfermedades que le ha detectado la mirada militar. Esta hipótesis puede abrir múltiples discusiones. En estricto sentido, es dable afirmar que en circunstancias ordinarias no corresponde a las Fuerzas Armadas medir ni resolver los problemas de la autoridad civil. Pero esta afirmación se trastoca —más allá de la discusión en el plano constitucional— cuando los militares son desplegados en terreno para realizar las funciones que, según el propio discurso público, no pueden desempeñar los civiles, cual es el caso de la seguridad pública y la procuración de justicia…”

Está allí, pues, un tema delicado. Por su naturaleza, merece seguirse con responsable atención.

Pero mientras tanto, una pregunta a los lectores: ¿se imagina usted un debate entre José A. Meade y AMLO? ¿Quién cree que ganaría?

Jesús Silva- Herzog M, comparte un tweet de una entrevista que el periódico El País, hiciera a Meade.

P. Pero, para que quede claro: ¿Usted está dispuesto a investigar casos de corrupción de esta Administración, involucre a quién involucre?

R. Es que me parece que caemos de nuevo en el planteamiento personal. Tenemos que movernos en un esquema en el que la pregunta no sea válida. Un esquema que funcione para todos, en donde el acceso a la justicia y a la rendición de cuentas sea igual para cualquier funcionario. Vamos a funcionar bien cuando la pregunta deje de tener mérito. Cuando alguien piensa: “El problema depende” es que no entiende el problema de fondo.

—-¿ Llamarán a AMLO para que traduzca el trabalenguas?

Quizá, Niniane, quizá. En una de esas hasta deciden unir fuerzas para repartir perdones. Entre el cuasi santificado por su partido, JA Meade y el santificador AMLO, pues… Anda allá en Guerrero, donde dijo que no descarta ofrecer amnistía, incluso a los líderes de bandas delicuenciales… claro, solamente lo está pensando.

— ¡Voto por debate entre él y Meade! …bueno, también agregamos en el paquete a “El bronco”!

¡Ninianeeeeeeee!

dialogoqueretano.com.mx
Zaragozacisneros.jovita@gmail.com

 










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