El nuevo Gobierno, la ruptura, los primeros días.

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1. Por fin, el pasado primero de diciembre por la mañana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue investido como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Quizá la nota más relevante a destacar de esa ceremonia protocolaria ante el Congreso General de la Unión, fue el discurso que pronunció el ahora Jefe del Poder Ejecutivo federal, donde condeno acremente el neoliberalismo aplicado en nuestro país desde tiempos de Miguel de la Madrid, acusándolo de haber incrementado los altos índices de corrupción, pues en lo concreto, no ha significado más que el traspaso de los bienes públicos a manos privadas; a la vez que ha concentrado la riqueza en pocas manos, ha socializado las perdidas. Dicho discurso marca una clara ruptura con todos los regímenes que se han sucedido en la historia reciente de México.

AMLO anuncia llevar a cabo cambios sustanciales en la vida del país, mismos que los engloba en la llamada Cuarta Transformación Nacional: sentar las bases para un nuevo régimen político, proponer una nueva política económica, sin desconocer qué medidas impulsadas por el neoliberalismo, V. gr. Mantener el equilibrio de las variables macroeconómicas, la autonomía del Banco de México, el libre comercio, etc., llegaron para quedarse. Así como separar el Poder político del Poder económico, acabar con la corrupción gubernamental, iniciar un fuerte plan de austeridad que cubra todos los poderes del Estado, elaborar programas sociales destinados a los sectores sociales más vulnerables, como instrumentos que permitan prevenir la delincuencia, incluyendo a los excluidos, y una reformulación de la estrategia para combatir al crimen organizado, particularmente el combate a los delitos de alto impacto, dividiendo el territorio nacional en 150 regiones y creando la Guardia Nacional con un perfil policiaco.

2. Por la tarde de aquel mismo día, y después de una ceremonia religiosa indigena llevada a cabo en el Zócalo de la capital de la República, donde le fue entregado el Bastón de mando por parte de algunos pueblos originarios, AMLO amplio con otras cien medidas su plan de Gobierno. En suma se trata de construir un Estado Social de derecho. Como socialdemócrata que soy, no puedo estar más de acuerdo con el Presidente oriundo de Tabasco, en este punto. Sin embargo, me parece que no se tiene el suficiente espíritu crítico para reconocer y aprender de los errores que llevaron al quiebre de tal Estado social. Es decir, no es la caridad pública -¿son otra cosa los programas sociales?- la forma más correcta y eficaz de combatir la pobreza y la desigualdad. Por lo contrario, la caridad gubernamental lo que ocasiona a la larga es la atrofia de la iniciativa de los individuos al fomentar la pasividad de los destinatarios de tales programas, y la crisis de las finanzas públicas.

Dice un proverbio oriental que me gusta citar: “Si tú le das de comer un pescado a un pobre, le habrás satisfecho el hambre por un día; pero si le enseñas a pescar, le habrás calmado el hambre para siempre”. Calmar el hambre para siempre, de eso es justamente de lo que se trata. Y no conozco otro medio para llevar a cabo tan noble fin que la educación. Debería ser entonces, la educación la columna vertebral de la Cuarta Transformación Nacional. ¿Qué tipo de educación? La respuesta a esta pregunta radica en saber qué tipo de ciudadanos queremos formar. Unos ciudadanos que lo sean en verdad, quiero expresar, personas preocupas y ocupadas en su mejoramiento individual como social, preparados para enfrentar la vida, responsables, solidarios, demócratas y abiertos a su tiempo.

En la preparación de esos ciudadanos de los que hablo, juegan un papel fundamental los maestros. Fortalecer la meritocracia en todo el organigrama estatal, pero particularmente en el campo de la educación, debería ser uno de los compromisos básicos del nuevo Gobierno federal. La denominada “Reforma Educativa” de Peña Nieto se ha echado abajo. Espero que ello no implique restaurar viejos vicios como el charrismo sindical, la corrupción y los compadrazgos para ascender en la carrera magisterial.

3. Tengo la sensación de que en el fondo de los problemas ocasionados en la relación entre el Poder Judicial, por una parte, y el Poder Ejecutivo y el Legislativo por la otra, a raíz de la publicación de la Ley Federal sobre las Remuneraciones de los Servidores Públicos, misma que ya suscitó la interposición de una controversia constitucional presentada por la CNDH, está la idea de justicia. Permítanme explícame. Los argumentos que manejan las partes en conflicto son los siguientes. El Poder Judicial federal, (Jueces, Magistrados, Ministros e integrantes del Consejo de la Judicatura), dicen que sus sueldos,- a los ojos de muchos mexicanos altos- no se pueden rebajar mientras están en funciones por disposición constitucional (art. 94), que ello favorece que su alta misión (impartí Justica), pueda ser llevada de forma imparcial y que no existen criterios claros y precisos dentro la mencionada ley, para fijar el salario del Presidente de la República.

En tanto que el Gobierno encabezado por el Lic. López Obrador y sus bancadas en el Congreso, manifiestan que todos los servidores públicos deben sujetarse a lo establecido en el artículo 127 constitucional y su Ley reglamentaria (la nueva Ley Federal sobre Remuneraciones de los Servidores Públicos), en el sentido de que ningún servidor público puede ganar más que lo que gana el Presidente de la República, bajo el supuesto de “que no puede haber Gobierno rico (léase Estado), con un pueblo pobre”. La idea juarista que prescribe para el servidor público vivir en la justa medianía, en lo que subyace en el fondo de este asunto. Ya veremos qué es lo que decide el pleno de la Corte en la resolución de esta controversia constitucional, que argumentos maneja y sí es que la CNDH logra acreditar fehacientemente que la multicitada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos es violatoria de los sus derechos fundamentales de la burocracia federal.

Por lo pronto, este y el recrudecimiento de la violencia en algunos estados del país (Guanajuato, Zacatecas, Puebla, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, y la Ciudad de México), son algunos problemas que han tornado poco terso el arranque del nuevo Gobierno.

 










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