Dinero sucio genera problemas

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Una de las noticias mediáticas más espectaculares de la semana pasada, fue la denuncia de hechos presentada por varios regidores del municipio de Querétaro, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, denuncia de la cual se desprenden nombres como el de Alejandro González Valle, hermano de quien fuera presidente municipal el trienio pasado; Alejandro, fue propuesto por su hermano, el presidente municipal de entonces, para ocupar el cargo de Secretario; este hecho en sí mismo ya representaba una ilegalidad y nadie se opuso.

La justificación del hermano para haberlo propuesto como tal, fue la cándida justificación de que ya ocupaba ese cargo ¡ah púes! La ilegalidad no tuvo sustento y el hermano incómodo siguió trabajando teniendo como su jefe inmediato a su propio hermano, el presidente municipal ¡Vaya irregularidad!

La denuncia de hechos, a groso modo, se hace consistir en que Alejando González Valle y varios servidores públicos de la pasada administración, sin facultad legal para ello, firmaron un contrato de servicios profesionales para que tramitaran la devolución del DAP, un derecho que nos cobran a todos los consumidores de energía eléctrica, derecho que se traduce en sumas millonarias y que regularmente se las queda la Comisión Federal de Electricidad.

Así la cosas, el profesional hace simplemente las gestiones para que le regresen al municipio ese derecho aprobado por los legisladores locales. El leonino contrato establece que al profesionista se le pagará el 30% de todo lo que se recupere; a fin cuentas es un contrato civil y las condiciones las pactan las partes, así pues, de leonino pasa a ser legal porque así lo convinieron los contratantes.

Aquí varios de los problemas que saltan a la vista y quienes sufren “demencia” pasan por alto. Primero, si los “representantes” del municipio no tenían poder legal para suscribir el contrato, este es nulo, pero si nadie hace valer la nulidad sigue teniendo la validez que las partes le dan. Es nulo porque, atentos a lo establecido por la Ley Orgánica Municipal, el facultado para suscribir ese contrato lo era el regidor síndico y este no aparece por ningún lado del contrato. La misma ley también determina que el ayuntamiento puede facultar a un tercero haciendo la designación específica previamente y el contrato no lo establece así; ninguno de los servidores públicos firmantes tenía facultad derivada de la aprobación del ayuntamiento para suscribir ese convenio. Sin embargo, insisto, si nadie alega la nulidad del contrato, este sigue teniendo vigencia.

Es grave pues, que las autoridades se presten para realizar actos jurídicos nulos violando su propia normatividad. Estos actos jurídicos generan una violación a la norma y esta a su vez debe producir consecuencias legales para procesar a quienes no son capaces de observar el marco normativo. La vergüenza de siempre, no se hace nada. Ahora, que si el contrato es firmado por el regidor síndico o aquel que faculte al ayuntamiento para tal efecto, el documento pasa a ser legal. Así de simple es la situación.

Segundo problema y aun más serio. El DAP ha sido considerado por las autoridades jurisdiccionales federales, como un “impuesto inconstitucional” y a pesar de todo los legisladores lo aprueban, las CFE lo cobra y los ayuntamientos lo gastan. Efectivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así ha estimado al DAP por inequitativo e injusto, al no respetar estos principios fiscales. De aquí que se considere como “dinero sucio” el que ahora genera problemas de diversa índole. Y todas las autoridades involucradas saben de la inconstitucionalidad del DAP y nadie hace nada al respecto. Al final, que el pobre consumidor pague las consecuencias ¡Ah!, sin embargo como los grandes empresarios que consumen millonarias cantidades de energía eléctrica saben de esta inconstitucionalidad, acuden al juicio de amparo y ¿qué cree amable lector?

Pues que todos ganan los juicios de amparos y la justicia federal los ampara y protege contra los actos inconstitucionales de las autoridades locales; así las cosas, la CFE y/o el municipio les devuelve esas sumas millonarias a los amparistas. En tanto que el simpe consumidor casero, de miscelánea, pequeño empresario, es el que sí aporta en su conjunto cantidades millonarias y no se ampara; una de dos, no acude al juicio de amparo por ignorancia o porque le sale más caro el juicio que el pago ¡Así de injustas son las autoridades! Aun recuerdo, no hace mucho, que a los presidentes municipales se les propuso la derogación de ese derecho y un presidente municipal argumentó lo siguiente: “el que no quiera pagar, que se ampare, obtenemos más de los que no se amparan”. Y al paso de los años el DAP sigue vigente, es un “dinero sucio” que se embolsa la autoridad municipal y, cuando esta no lo cobra se queda con él la CFE ¡Dinero ilegal es la causa de los problemas! Lo grave, que la misma autoridad hace mutis de ello y sigue encajándole al consumidos un “derecho” inconstitucional.

Al final, de acuerdo a las pruebas aportadas públicamente por los rijosos, no solo Alejandro González Valle, es el responsable de estos abusos, también deben ser llamados a juicio varios ex funcionarios más para evitar, entre otras cosas, se sigan cometiendo más atropellos en contra de la inerme población que sufre las consecuencias de gobernantes abusivos o tracaleros gobernantes ¿Dónde está la transparencia y la rendición de cuentas? ¡Los queretanos aun no las conocemos!










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Un Comentario en “ Dinero sucio genera problemas”

  1. Gonzalo Ruiz Posada dice:

    Héctor, digo: !Qué trío!

    No cabe duda que los que estudiaron en la “Libre de Derecho” tienen garantizado que no les sale una sola cana.

    Tenemos al centro “El candidato in pectore” de Paco Garrido, al malandrín de Manuel González Valle, que dejó gracias a su Secretario de Obras Públicas Municipales, el Ingeneiro Luis Vázquez, con la graciosísima aportación oriental del denominado DRAGÓN, que según esto era una sublime ocurrencia a la visión tecnológica, impensable para este pueblo de irredentos, y que a pesar de sus tracaladas ahora ocupa un flamante puesto de Delegado en la Administrción de Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa, a lo que concluyo con el adagio “Suerte te de dios que el saber nada te importe”.

    De esta manera tan absurda se compensa la corrupción, le saqueo y la pésima calidad de la obra pública de este trío de cínicos, con la complacencia del actual gobierno.

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