Culiacán ¿crisis por operativo fallido? Adiós Estado de Derecho

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Lo sucedido el jueves pasado en Culiacán, Sinaloa, deja al descubierto varios problemas que tiene la administración de López Obrador, entre ellos, a mi parecer, el más grave es la carencia de un concepto claro de la seguridad nacional. Existe una grave confusión entre lo que es seguridad pública y seguridad nacional, además del “síndrome del 68”, que confunde el ejercicio legítimo de la violencia por parte del estado con la represión.

Desde que Adolfo Aguilar Zinser estuvo al frente de la Consejería Presidencial de Seguridad Nacional, se incluyó a la amenaza del crimen organizado como parte de la seguridad nacional y así quedó consignado en la ley de la materia, tal como queda asentado en el artículo 5, fracción III, sobre las amenazas a la seguridad nacional: “ Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada”. Más claro que el agua, la excusa de que el juez no emitió con rapidez la orden de cateo es absurda, desde su concepción estuvo equivocado ese plan operativo. No se puede iniciar una acción sin contar con todos los elementos de control. Eso es elemental.

Un operativo como el que se planteó para aprehender al hijo del Chapo, no pudo haber sido planeado sólo por un área administrativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o por una comandancia menor del ejército, pues dependía en gran medida de información de inteligencia que debería ser proveída por el área de seguridad nacional que no existe. Este grave error de enfoque se evidenció a tal grado que los responsables no contaban siquiera con información básica que explicara lo sucedido en Culiacán. Una estrategia fallida equivalente a enviar un pelotón para atrapar a una brigada, sin información de inteligencia, ni apoyos de aire, ni de telecomunicaciones. Tan mal planeado estuvo el operativo que dejaron a merced del cartel de delincuentes a las familias de los militares, que hasta ahora los están mudando. Tal vez haya sido esta situación, no la pretendida salvaguarda de la población civil, lo que hizo que se abortara la operación.

Al desaparecer al Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y pasarlo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se cometió un grave error pues se dejó a la seguridad nacional sin fuentes seguras de información, sin un área especializada que sustituyera al Cisen. Se redujo la seguridad nacional a seguridad pública, estos son los resultados de esa falta de visión. Es cierto que el ejército tiene su sistema de inteligencia, pero el enfoque doctrinal es exclusivamente militar, no incluye los avances conceptuales de que estaba dotada la doctrina de seguridad nacional del CISEN.

Al preguntársele a Mario Delgado sobre cuál era la idea de la creación del CNI, contestó : “ Tener una Secretaría con otro enfoque, cambiar la estrategia de seguridad y de combate a la delincuencia, que se tenga presente el concepto de protección ciudadana. Se le adscribe el mando de la policía federal, se facultan las actividades de investigación a la Secretaría”, es decir, se le quitan las atribuciones de seguridad nacional y se deja sólo en seguridad pública. El gobierno carece de información necesaria para la seguridad nacional.

No existe en la administración pública actual un esquema de coordinación específico sobre seguridad nacional. El problema es dejar la seguridad nacional en manos de diputados que no tienen la menor idea en qué consiste. Imagínese dejar al frente de la Comisión de Seguridad en el Senado a Félix Salgado Macedonio, una persona que encarna lo más grotesco de la imagen del político dicharachero, ignorante y motorolo.

En este contexto, la decisión de detener el operativo y soltar al hijo del Chapo fue la correcta, pero deja muchos interrogantes y pendientes. Es cierto que se están enviando a Culiacán más de 600 efectivos especializados del Ejército, pero no se ha sabido guardar el sigilo de la respuesta, ni se tiene clara la estrategia a seguir. Eso debió haberse hecho antes, no después de niño ahogado. No sé por qué se enojan cuando Trump les dice que no saben o no pueden contra la delincuencia organizada.

En cuanto al asunto de confundir el uso legítimo de la fuerza pública con represión, es un sentimiento de culpa que cargan los distintos gobiernos a raíz de la masacre del 68. Sin embargo, no todos los gobernantes son Díaz Ordaz ni Echeverría. Es necesario el Estado de Derecho para que exista paz y seguridad pública. Los efectos de esta confusión están a la vista en la vejaciones y atropellos a las fuerzas armadas que son las que deben garantizar que eso no suceda. La garantía del Estado de Derecho no se refiere al conservadurismo, o a fifís, sino a una demanda generalizada de la ciudadanía.

En cuanto al llamado a las mamás o abuelitas de los que infringen la ley, el asunto hay que verlo desde la óptica más amplia de la ética y la educación.

Si un individuo, grupo social o partido político piensa que es posible lograr sus propósitos inmediatos a través de la presión ilegal, sea toma de inmuebles, bloqueo de avenidas o de carreteras, u otro tipo de chantajes, lo que ciertamente les reditúa un beneficio inmediato, basta con generalizar este tipo de conducta, es decir, sostener que una sociedad regida por la coacción y el chantaje es buena y deseable, para percatamos de la incongruencia entre legalidad y chantaje, entre Estado de Derecho y ausencia de la convicción personal de la legalidad.

Esta consideración nos lleva a pensar no sólo en los beneficios inmediatos de una acción, sino también en sus consecuencias para nosotros mismos, para la sociedad en su conjunto, sólo puede ser resultado de un proceso educativo. El imperio de la ley supone la existencia de una cultura política de la legalidad que haga de cada individuo un verdadero ciudadano. Los valores de la sinceridad, la honestidad y la congruencia son la piedra angular de toda construcción democrática.

Las sociedades con una larga tradición democrática han convalidado su experiencia histórica a través de sus instituciones. Las sociedades en transición democrática han tenido que reforzar la defensa del principio de legalidad y han puesto en práctica reformas educativas que motiven la convicción de la responsabilidad individual Kantiana y garanticen la influencia de la “opinión pública”, en los asuntos del Estado.

La vida pública significa responsabilidad ciudadana, supone también libertades civiles, pero el ciudadano libre sólo existe en una sociedad gobernada por el acatamiento de las leyes. Recordemos los planteamientos de Hobbes y Locke. Kant señalaba enfático que las leyes hacen libres a los hombres. Construir la vida pública significa cultivar una forma de convivencia al amparo de los derechos individuales y el respeto a las leyes.

Por el contrario, históricamente, la violencia subversiva jamás ha resuelto algún problema, nunca ha permitido superar ninguna dificultad social objetiva, a lo más que ha llegado, es a llamar la atención sobre determinados problemas o dificultades y ni aún así, como se ha visto el 2 de octubre y en las manifestaciones para los derechos de las mujeres.

Si toda acción política tiene efectos imponderables, si variables complejas desvirtúan, en algún momento, a planes de acción política bien elaborados, tanto más temibles son las secuelas del uso de medios violentos. Las ideologías basadas en la violencia, cuando no el terrorismo, no auguran ningún futuro claro para una sociedad determinada. Estoy hablando del lado de la sociedad, no del gobierno.

La sobrevivencia de grupos armados, en clara violación de la ley, los obliga a desarrollar características internas que se convierten en elementos perturbadores y en gérmenes del fracaso de cualquier propuesta social liberadora. La clandestinidad, el verticalismo, el autoritarismo, la disciplina militar, la necesidad de adoptar falsas personalidades o enfundar la cabeza en pasamontañas, la subordinación de la familia, el desprecio por la persona y sus derechos elementales, los secuestros y otras formas ilícitas de financiamiento, la violencia, no pueden generar una sociedad democrática, instituciones justas y una constitución aceptada por todos. Al gobierno, con el uso de la violencia legal y legítima corresponde garantizar esa sociedad libre y segura.

La acción y concepción de grupos armados y del crimen organizado es diametralmente opuesta a la concepción Kantiana del imperativo categórico cuyas distintas formulaciones coinciden en definir como moralmente prohibida toda interferencia con la libertad individual, la integridad humana y las metas legítimas de los demás.

La defensa de estos derechos nunca se puede vincular a grupos armados o al crimen organizado y menos a un sentimiento de culpa del pasado, que desde luego fue un exceso el abuso de la autoridad, pero ese tipo de regímenes autoritarios no es lo que ahora está vigente en la sociedad mexicana. La confusión sobre el uso de la fuerza legítima ha llevado a utilizar membretes de organizaciones sociales de derechos humanos para la protección de la actividad de grupos armados o del crimen organizado, que se convierte en una interpretación perversa de los conceptos integradores de cualquier definición de los derechos humanos. El planteamiento de la acción armada, al margen de la ley, es contrario al Estado de Derecho.

La legalidad es sólo uno de los componentes de una sociedad bien ordenada. En esta sociedad puede convivir una multiplicidad de doctrinas y visiones del mundo, de sistemas valorativos y normas morales y religiosas, de modelos de justicia social y opciones de distribución de la riqueza o de grupos y organizaciones privadas. Lo único que puede exigirse a esta pluralidad es que sea congruente con su aceptación de las normas legales fundamentales, que las use como mecanismo para su participación en los asuntos políticos y que las conserve como garantía de que las posiciones propias serán respetadas y legalmente tuteladas.

El Estado de Derecho propicia un amplio espacio para la reforma de las instituciones existentes y para la búsqueda de los proyectos sociales legítimos que se sostienen desde la pluralidad de la vida colectiva.

Como efecto de la globalidad hemos podido conocer sobre la represión violenta de manifestantes en Estados Unidos, en Francia o en Hong Kong. No hay intento de negociación de parte de las autoridades, simplemente la fuerza pública dispersa los plantones con gases lacrimógenos, balas de goma y macanas. Decenas han sido arrestados por alterar el orden.

Las autoridades estadounidenses, francesas o chinas actúan de manera similar a como es práctica común en otros países desarrollados de Occidente, con democracias consolidadas, como son Francia, Alemania o Inglaterra. La tolerancia que existe en el Distrito Federal, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz o Guerrero, ante los actos ilegales, como son los bloqueos de carreteras, o tomas de edificios públicos o privados, no es la regla en el mundo, sino la excepción. Anunciar que se aplica la ley, en otros lugares, no es tomado como amenaza. Sólo se aplica. Eso es Estado de Derecho y seguridad jurídica; la certidumbre de que siempre y para todos es igual la ley.

En una sociedad abierta existen los canales institucionales para que se exprese en completa libertad la opinión pública con respecto al gobierno, pero ninguna sociedad realmente democrática estará dispuesta a que se violen los derechos de los demás. Cuestión de prioridades.










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