Caso El Colorado. ¿Inocente o culpable o montaje del poder? 16

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LAS TRAMPAS DE LA LEGALIDAD
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¿Cuál es la diferencia entre una Recomendación y un Acuerdo de Responsabilidad? Entiendo que el Acuerdo es más suavecito porque se acepta la falta cometida, mientras que la Recomendación señala las faltas no reconocidas. Además, en el caso que nos ocupa, el Acuerdo lo suscribe el Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos-Q, Juan Orlando Vilchis Cortés y lo responde y acepta, a nombre del Procurador, el Coordinador de Atención de Derechos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Benjamín Vargas Salazar. La Recomendación la firmaría el presidente de la CEDH, Miguel Nava Alvarado, e iría dirigida al responsable del Poder Ejecutivo, el gobernador José Calzada Rovirosa.

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La CEDH-Q no se atrevió a señalar los golpes, las amenazas y los toques eléctricos propiciados por los agentes del Ministerio Público Número 1 en contra de José Miguel Urbina Franco. Mucho menos señalar como responsable de la actuación no sólo ilegal sino delictiva (tortura, desaparición de pruebas, confesión bajo coacción, linchamiento mediático) del Procurador del Ejecutivo, Arsenio Durán Becerra. Todavía menos hablar de los oscuros mandatos del oscuro poder violador de los derechos humanos (sobre todo de los rotos de abajo, más que de los perfumados en BMW). No es su función política, dirían con razón.

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El Acuerdo de Responsabilidad es una salida en bandeja de plata al oscuro poder ilegal y delictivo. No creo en el Ministerio Público 1 ni en el procurador Arsenio Durán investigadores del crimen de El Colorado sucedido el sábado 7 de enero de 2012. (Menos les creo todavía en el caso de la BMW sucedido el sábado 27 de noviembre de 2004 que dicen investigar los mismos elementos). ¿La familia de la otra víctima, Cristian Shair Bringas Pérez, los medios nacionales, Televisa, el Club América y la afición del América se conforman con un falso culpable?

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Personalmente agradezco la atención, la amabilidad y el agua que nos llevó el Ombudsman queretano Miguel Nava Alvarado. Pero esta atención no lo hace el Ombudsman de los ciudadanos, sino su actuación y los hechos; por desgracia, sigue siendo un comisionado presidente elegido por el Poder Ejecutivo y que sirve en primer lugar al Ejecutivo. Saludos cordiales.

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¿Es legal la confesión bajo coacción? ¿Es válida una reconstrucción de hechos amañada? ¿Hay justicia en un defensor de oficio a modo del MP? ¿Las mentiras asentadas en papel certificado se hacen verdades por el sello legal del poder?

José Miguel Urbina Franco no fue detenido “por caso urgente” la madrugada del miércoles 11 de enero de 2012, sino tramposa e ilegalmente desde el martes 10 de enero alrededor de las 8 de la noche, y desde entonces hasta las 10 de la noche y la 1:50 de la mañana siguiente fue obligado a declarar bajo coacción como testigo primero y en seguida como presunto responsable (previa calentadita bien cuidada para no dejar demasiados rastros visibles). En la reconstrucción de los hechos no fue asistido por su abogado defensor, sino por un abogado de oficio hechizo. Un defensor hechizo que lo mismo sirvió a la parte del América que a la parte de Gallos, pese a sus intereses contrarios. Las mentiras certificadas del poder sin poder ni autoridad pueden ser legales pero falsas.

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Señor magistrado presidente Carlos Septién Olivares, ¿qué tan cerca está el Poder Judicial que usted representa del Poder Ejecutivo, de la justicia y de los ciudadanos? Los ojos críticos de los reflectores ciudadanos están puestos ahora en el Poder Judicial: en la audiencia de ley por “incidente de libertad por pruebas supervenientes” promovida y solicitada al Juez Sexto de Primera Instancia Penal, hoy a cargo de Óscar Martínez Mancilla, promoción que consta en el Expediente 15/2012.

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Promoción: –H. Juez Sexto de Primera Instancia Penal. Presente. Ofelia Franco Muñoz, en mi calidad de madre del acusado comparezco y solicito: 1- Se me tenga ofreciendo la copia certificada del acuerdo de responsabilidad dictado en el expediente 76/2012, por la Comisión de Derechos Humanos, solicitando sea valorada dentro del expediente… (incomprensible) al mandante de libertad, y se valore en el momento de la audiencia respectiva. 2- Solicito se fije fecha para el desahogo de la audiencia de ley. Ofelia Franco Muñoz (firma al calce, 21-II-2013).

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¿Se puede o no se puede? A pesar de nuestra clase política dominante (roja, azul, amarilla, verde, naranja, católica), nefasta, tiene que poderse ciudadanamente. Haciendo público lo que es público y poniendo todos los reflectores de la luz crítica ciudadana al oscuro poder. E insistir, insistir e insistir como es debido. Gracias al bogado Arnulfo Moya Vargas.

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Los procesos jurídicos, igual que la vida misma, van lentos y parece que no avanzan nada en años y años, dan vueltas y se tuercen y retuercen, y de pronto se desencadena todo en cuestión de semanas, días, horas… hasta llegar al minuto fatal y/o feliz. Esta es mi enseñanza en el ámbito de la pobre justicia humana en México.

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Los consejeros ciudadanos de la CEDH-Q, Jaime Septién Crespo, Norma Saeb Camargo, Filiberto Cruz Reyes, Luz Mariana del Castillo Salas, Fernando Lugo García Pelayo y Diana Pérez Soriano, ¿no tienen nada que decir a los ciudadanos? ¿Creen que la CEDH ha hecho todo lo mejor posible en el caso del Tortillas? Me gustaría que nos representaran y nos respondieran a los ciudadanos. O al menos, modestamente, a este palabrero preguntón. Gracias.

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Nada en la prensa comercial impresa bien portada de estos días sobre el caso Tortillas-CEDH-Procuraduría. Qué bonita prensa queretana. Reflector bonito del buen poder. Felicidades.

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Nadie quiere saber de la obra de Kafka, hasta que caiga en el engranaje de la Agencia del Ministerio Público Número 1 y se tope con la otra realidad aparte que es parte de esta realidad de todos los días, los meses y los años.

 

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Acuerdo de Responsabilidad de la CEDH-Q:

–Con las actuaciones que obran en el expediente de queja CEDH/0076/2012/PJ, mismos que ya fueron valorados en lo individual como indicios, pero que en su conjunto hacen prueba suficiente para considerar que los citados servidores públicos (José Luis Ontiveros Pacheco, Iván Israel Almaraz Lázaro y Luis Fernando Ortiz Rivera) se les debe iniciar el correspondiente procedimiento de responsabilidad administrativa, por no haberse conducido de conformidad con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.

Respuesta de la Procuraduría sobre el Proyecto de Acuerdo de Responsabilidad:

–Le informo que se tiene a bien, proponer dentro del presente proyecto, dar vista al Órgano de Control Interno, a efecto de que radique el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, en contra de los Servidores Públicos involucrados en los hechos que motivaron la queja que nos ocupa, y que se mencionan en su resolución, mismo que verificaremos que se resuelva lo que sea legalmente procedente.

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Julio Figueroa.

Qro. Qro., viernes 22-II-2013.

juliofime@hotmail.com

www.dialogoqueretano.com.mx

 










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