Análisis del proyecto de resolución del Ministro Aguilar Morales sobre la constitucionalidad de la Consulta Popular presentada por el presidente López Obrador

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1.En días recientes los medios de comunicación hicieron público el proyecto de resolución elaborado por el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, relativo a constitucionalidad de la consulta popular, presentado vía Mesa Directiva del Senado de la República, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día 15 de septiembre del año en curso (día que se conmemora el Grito de Independencia y el inicio del movimiento de separación de España), con el fin de preguntarles a los ciudadanos y ciudadanas mexicanas “¿si estaban de acuerdo o no, con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
2. La anterior pregunta está precedida de una exposición de motivos que la fundamentan y justifican, aduciendo como razones para llevar a cabo mencionada consulta popular, la supuesta carencia de “cauces institucionales nítidos y de una vía clara de expresión en las leyes vigentes [amén de la existencia] de zonas grises en el marco legal”, que permitan llevar ante la justicia a los ex presidentes citados, por los graves daños causados a la nación mediante la aplicación del modelo neoliberal, otorgándoles a las autoridades un amplio respaldo social, dando con ello cumplimiento a la promesa hecha por el hoy titular del Poder Ejecutivo Federal en su toma de posesión el 1 de diciembre de 2018. (Ver documento integro, disponible en http://scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolución_scjn/documento/2020-09/Rex%20const%201-2020%20-%20PROYECTO.pdf).
3. El primer problema que brota si en verdad se pretende llevar ante la justicia a los cinco ex presidentes señalados líneas arriba, es la seria dificultad para tipificar algunas de las conductas o hechos generales que se les atribuyen. Verbigracia, al señor Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se le acusa de que sus acciones implementadas durante su sexenio hicieron “que crecieran las diferencias (de manera abismal) entre ricos y pobres, pues mientras que en julio de 1988, solo aparecía una familia mexicana en la lista de la revista Forbes, los Garza Zada, con una fortuna de dos mil millones de dólares, al finalizar aquel sexenio ya estaban incorporados a ese listado otros veinticuatro mexicanos, que poseían en conjunto más de cuarenta y cuatro mil millones de dólares, no siendo casual que al mismo tiempo se entregó a particulares nacionales y extranjeros una cantidad sin precedentes de bienes públicos”. Cierto, durante el salinismo se registró en México una gran desigualdad social, empero, no existe en ningún Código Penal, tanto Federal como local, establecido el tipo de delito de la “desigualdad social”, quiero decir, en ningún ordenamiento penal está definido un tipo penal que exprese algo así: Al que desempeñe o haya desempeñado el cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y que provoque u hubiera provocado durante su administración, de forma voluntaria y racional, desigualdad social o económica entre sus gobernados, se le impondrá una pena privativa de libertad de tal a tal tiempo y una multa por x cantidad de dinero. Reitero, no existe un tipo penal así, por lo tanto, dicha desigualdad, reprobable desde el punto moral y político, no puede ser sancionado jurídicamente. Otra cosa es que, si al llevar a efecto la privatizaciones de los bienes públicos a los que se refiere López Obrador, se hayan cometidos actos típicos-penales por parte del presidente Salinas de Gortari, o hubiera dado órdenes o prestado su consintiendo para que otros los cometieran, entonces sí, podríamos estar ante la presencia de posibles delitos. Vaya, aún así, tales hechos serían punibles siempre y cuando el tiempo para hacerlo no haya fenecido, esto es, que la acción punitiva del Estado no se encuentre prescripta.
4. Huelga decir, por virtud del principio de seguridad jurídica, la mayoría de los delitos tienen un tiempo para ser investigados y/o sancionados. No pasa lo mismo con aquellos que son considerados como delitos de lesa humanidad, los cuales por su misma gravedad, son imprescriptibles. Dentro de ellos, si podrían encajar algunas conductas o hechos presumiblemente cometidos por alguno de los ex presidentes, particularmente las desapariciones forzadas, producidas por “decenas de miles” durante la guerra contra las drogas emprendida por Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto. Sobre el particular llama la atención el Ministro ponente.
5. En razón del invocado principio de seguridad jurídica, los hechos considerados como cosa juzgada, tampoco pueden tocarse, toda vez que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. En esta tesitura se encuentran las sentencias emitidas por el TEPJF, respecto de las elecciones presidenciales de 2006 y 2012.
6. Por lo que ve a hechos presuntamente delictivos como los narrados por Emilio Lozoya Austin, en su denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, ya siguen su curso legal por lo cual no es necesario consultar al pueblo en ese aspecto.
7. Quiero decir, si somos meticulosos y atentos, de la exposición de motivos que da norte a la consulta popular de marras, si se podrían configurar posibles hechos constitutivos de delitos perseguibles y punibles todavía el día de hoy, a condición de que encuadren perfectamente en algún tipo penal. Para ello no es menester ninguna consulta popular, basta y sobra con que las autoridades cumplan con sus cometidos jurídicos.
8. El Ministro Aguilar Morales, después de examinar los presupuestos procesales de la referida consulta popular (competencia, legitimación, oportunidad, etc.), centra su estudio en la constitucionalidad del objeto o materia de la consulta popular, teniendo presente para tales efectos, tanto la exposición de motivos como la subsecuente pregunta concreta, determinado que el tal objeto resulta inconstitucional, por las siguientes razones:
9. a) El artículo 35 de la Constitución General, establece un límite a ese instrumento de la democracia directa o participativa, al señalar expresamente en su fracción VIII, numeral tres que :“no podrá ser objeto de la consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.”
10. b) O sea, no se puede someter a consulta popular la restricción (o violación) de los derechos humanos de los gobernados, puesto que ellos pertenecen a lo que los juristas como Ernesto Garzón, llaman “coto vedado” y Luigi Ferrajoli, “esfera de lo indecidible”.
11. c) Una de las características básicas de los derechos humanos es que son universales, luego, por muy mala opinión que tengamos de los mencionados ex presidentes, también a ellos les corresponde gozarlos y utilizar las garantías y medios para defenderlos.
12. d) En el caso particular que nos ocupa, de aprobarse la consulta popular solicitada, se estarían violando el derecho de la presunción de inocencia y el principio de igualdad, partes esenciales del debido proceso, en perjuicio de aquellas personas, y lo que es igualmente grave, se estaría incurriendo en violaciones procesales que podrían originar la corrupción de todos los procesos jurídicos a que hubiera lugar, contribuyendo a la absolución de los inculpados por el juez que conociera de la causa, dejando en la indefensión a las víctimas, y generando mayor impunidad.
13. e) Esto es, al poner a consideración del pueblo delicados asuntos como son la impartición y administración de justicia, cometiendo en el camino, vicios y violaciones de los derechos humanos de los imputados, se corre el riesgo de que si la opinión mayoritaria se pronuncia por solaparlos, los procesos se vengan abajo en las instancias jurisdiccionales competentes, lo cual redundaría, entre otras cosas, que el propio estado se viera impedido de realizar una de sus funciones fundamentales, misma que le da sentido a su existencia: resolver y castigar las conductas antijurídicas de modo pulcro, imparcial y apegado al principio de legalidad.
14. f) Me permito insistir en este punto por estimarlo toral: La investigación y sanción de hechos posiblemente constitutivos de delitos en una obligación indeclinable de todas las autoridades competentes – “Fiscalía General de la República, Fiscalías estatales, Poder Judicial Federal, Poderes Judiciales de los estados, policías y cualquiera otra [autoridad] que tenga atribuciones”- por tal motivo, la investigación y sanción aludida, no está, ni puede estar, sujeta al contentillo o humor de la gente.
15. g) De igual modo, es una obligación insoslayable del Poder Ejecutivo federal dar vista a las autoridades competentes de los hechos presumiblemente delictivos de los que tengan conocimiento, darles seguimiento, y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanen, en el ámbito que le corresponde, pues de no hacerlo pudría incurrir en responsabilidades políticas, administrativas y penales.
16. h) Es falso afirmar que no existen dentro de nuestro orden jurídico mecanismos o cauces institucionales nítidos para desahogar asuntos como lo que plantea la citada consulta popular, y que entonces es necesario el respaldo popular a fin de que las autoridades públicas puedan crear o abrir tales causes. Esos mecanismos están establecidos en la Constitución Federal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
17. i) Al declarar inconstitucional el objeto o materia de la multicitada consulta, al no ajustarse a lo establecido en el artículo 35 constitucional, fracción VIII, numeral 3ª , el Ministro ponente no entra al estudio de la legalidad de la pregunta planteada, por estimarlo superfluo.
18. j) La Suprema Corte es un Tribunal Constitucional, por ende su tarea principal estriba en revisar que los actos de los poderes públicos se sometan y se rijan por la Constitución (cuando hablamos de Constitución, estamos hablando implícitamente de la Ley Fundamental del ´17, como de los tratados de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano, es decir, nos referimos a lo que la doctrina denomina Bloque Constitucional). En este caso concreto, la misión de la Suprema Corte, consiste en examinar que el objeto y la pregunta contenida en la consulta popular este apegada y sea coherente con los principios, valores y normas consagrados en nuestra Carta Magna, y con el sistema democrático
19. El corazón de nuestra Carta Magna, lo constituyen los derechos humanos. Por tal virtud, la SCJN debe ser un celoso guardián de los mismos, y defenderlos como lo que son: conquistas civilizatorias no sujetas a negociación política, producto de las luchas sociales, que han costado en muchos casos, derramamiento de sangre y cuya vigencia y observancia no están ni deben estar sometidas a la opinión popular, incluso si está resultara ser mayoritaria. De ser es el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe dudar ni un momento y convertirse en un órgano jurisdiccional contra mayoritario.
20. En suma, la consulta popular usada de esta forma, lo único que produce es desvirtuar su naturaleza como medio de participación cívica y democrática en asuntos de trascendencia nacional o regional, al ser utilizada como un instrumento de populismo penal.
21. El presidente López Obrador expresa en su exposición de motivos, que en temas de justicia es partidario de ver más hacia adelante que hacía atrás, en tal sentido su opinión personal es no juzgar a los ex presidentes porque su fuerte no es la venganza, más si lo pide el pueblo, atacara tal mandato, porque tiene la convicción de mandar obedeciendo. Grasa confusión. No se trata de venganza sino de procurar justicia, y para procurar y administrar justicia no le hace falta la anuencia popular. En su fuero interno, él puede perdonar a los cinco ex presidentes; en su calidad de Jefe de Estado su obligación es cumplir y hacer cumplir la Ley, y proceder conforme a derecho si cuenta con los elementos probatorios para hacerlo.
22. Tengo la impresión que con esta acción que ha tomado AMLO –proponer la consulta popular para juzgar a los cinco ex presidentes mencionados al principio de este artículo-, ha desatado un efecto búmeran, es decir, si afirma que en el llamado periodo neoliberal (1988-2018) se cometieron severos y graves delitos, de modo “voluntario y racional” (sobre todo aquellos delitos de lesa humanidad), y no actúa en consecuencia, podría incurrir en alguna clase de responsabilidad y convertirse de acusador en acusado, proporcionando con ello armas a sus enemigos políticos para robustecer la campaña en su contra, cobrándole la factura en las elecciones venideras, y más aún, en el 2022, cuando tenga lugar la consulta sobre la revocación de su mandato.
23. El próximo 01 de octubre, el pleno del Alto Tribunal mexicano discutirá este proyecto de resolución elaborado por el señor Ministro Luis María Aguilar Morales. Sería una muy buena noticia para nuestra joven democracia y nuestro incipiente Estado constitucional, que tras una sustantiva y provechosa discusión donde participen todos los Ministros y Ministras, fuera aprobado por unanimidad. Lanzando así un claro mensaje a la sociedad, y a los poderes de iure y de facto, en el sentido de la independencia, libertad de criterio y compromiso de la SCJN como un verdadero y autentico Tribunal Constitucional.










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2 Comentarios en “ Análisis del proyecto de resolución del Ministro Aguilar Morales sobre la constitucionalidad de la Consulta Popular presentada por el presidente López Obrador”

  1. Edmundo González Llaca dice:

    Mi estimado Javier, sería muy valioso para tus lectores, dada tu solidez jurídica, que nos dieras tu opinión sobre la decisión de la Corte, su aceptación a la consulta y el cambio de pregunta. Finalmente, aprovechando tus conocimientos, nos informaras ¿Qué viene después? Un abrazo de un pedinche lector tuyo.

  2. Mtro. José Javier Ledesma. Lara. dice:

    Tomo nota de su petición, en cuanto tenga un espacio me abocaré a ello. Gracias por su lectura. ¡Saludos!

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