Agregado necesario. Decíamos ayer.

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1.Como estaba previsto, el pasado jueves 1 de octubre, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sometió a estudio y discusión el proyecto elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales sobre la inconstitucionalidad del objeto de la consulta popular para efectos de juzgar a los cinco ex presidentes del denominado periodo neoliberal (1988-2018), presentado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, vía Mesa Directiva del Senado, el día 15 de septiembre de 2020.
2. En los renglones siguientes me ocuparé brevemente de analizar en términos generales los sucedió ahí y sus resultados. Dicha sesión duró aproximadamente dos horas y media (de 12:00 a 14:30 p.m.), la cual estuvo organizada así: El señor ministro presidente de la SCJN, (en adelante, la Corte o el Tribunal), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea abrió la reunión de trabajo, señalando lo que a su juicio tenía enfrente la Corte: un asunto de trascendencia nacional y de carácter histórico, por consiguiente esperaba que todos sus colegas estuvieran conscientes de la tal situación, razonaran su posición y votaran en consecuencia.
3. Inmediatamente después, cede la palabra al ministro ponente Aguilar Morales para que fije sus puntos de vista en función de los cuales proponía que el objeto de la consulta fuera declarado inconstitucional. (A efecto de no repetir los argumentos de don Luis María, el lector puede ver una síntesis del proyecto referido en mi artículo publicado aquí mismo, el 29 de septiembre).
4. Luego vuelve a intervenir el ministro Zaldívar a fin de fijar su posición de manera más extensa. Resumo sus argumentos principales: a) El proyecto de resolución sobre la inconstitucionalidad de la consulta popular elaborado por su par Aguilar Morales, contenía una interpretación muy estrecha del artículo 35 constitucional, toda vez que limitaba el derecho a la participación ciudadana en la discusión de los grandes problemas nacionales; b) lo que se trataba, en todo caso, es ampliar y potenciar dicha participación; c) contrario a lo opinado por el ministro Luis María Aguilar Morales, el presidente del Tribunal consideraba que la consulta popular en cuestión no restringía derechos humanos, por lo tanto no era inconstitucional; d) que de lo que se trataba era dar respaldo popular a una determinada política criminal dictada por el gobierno federal; y finalmente dijo, e) la Corte no podía prestar oídos sordos al clamor social, pues hacerlo, contribuiría a hondar más la crisis de la democracia representativa que vivimos los mexicanos y de lo que se requería era precisamente revertir tal crisis. En ese sentido debería el Tribunal jugar un papel relevante.
5. El ministro Zaldívar afirmó que el objeto de la consulta popular no restringía o limitaba derechos humanos, como ya hemos escrito, sin embargo no dio mayores razones que fundamentaran su dicho. Es oportuno anotar que si se pueden restringir o limitar los derechos humanos, sólo que debe ser por motivos justificados y por un tiempo limitado. Aun así, existen derechos humanos que no pueden ser sujetos de restricciones, tal y como lo establece el artículo 29 de nuestra Ley Fundamental vigente.
6. Una opinión coincidente con la del ministro presidente, la sostuvo el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, agregando que si bien el objeto de la consulta era constitucional, no lo era así la pregunta planteada, por lo cual era menester reformularla.
7. Como telón de fondo se podía advertir una cierta atmósfera de confusión entre los señores ministros y ministras en cuanto al asunto que se discutía, dado que para algunos se trataba de someter a consulta popular responsabilidades administrativas, en cambio para otros, lo era pedir la anuencia del pueblo sobre procuración y administración de justicia, las cuales constituyen obligaciones insoslayables de las autoridades públicas.
8. Tras de oír la expresión de las reacciones personales de los y las integrantes de nuestro más Alto Tribuna nacional de justicia, relativos a su lectura del proyecto de resolución que se ponía a su consideración, su presidente ordena al secretario pase a someter a votación el presente asunto (la constitucionalidad o inconstitucionalidad del objeto de la consulta popular presentado por el presidente López Obrador), obteniendo una votación muy dividida: seis ministros votaron a favor de su constitucionalidad (Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez, Yasmín Esquivel, Ana Margarita Ríos, Juan Luis González Alcántara y Alberto Pérez Dayán). Por declarar inconstitucional el objeto o materia citada, se pronunciaron cuatro ministros y una ministra (Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco, Jorge Pardo, Javier Láynez y Norma Lucía Piña). El formato actual mediante el que se desahogan las sesiones del Pleno de la SCJN, no es un verdadero debate, pues no hay un enfrentamiento real de posiciones a través de réplicas y contra réplicas, lo cual impide apreciar una verdadera capacidad argumentativa de los ministros y ministras en la discusión de los importantes asuntos tratados, dicho sea esto de paso.
9. Después de un pequeño receso, la mayoría de los ministros y ministras de la Corte, reformularon la pregunta, quedando redactada así:
Preguntar a los ciudadanos y ciudadanas: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” Después de lo cual, tiene lugar una nueva votación, ahora con ocho ministros a favor y tres en contra.
10. La anterior y original pregunta decía:
“Si están de acuerdo o no [los ciudadanos y ciudadanas mexicanos], con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
11. Crítica a la actuación de la mayoría de la Corte. Lo que hizo nuestro Alto Tribunal, lo estimo indebido en virtud de que carece de facultades para cambiar o modificar el objeto o materia de la consulta popular, que fue precisamente lo que realizo. El objeto de esta consulta tiene un vínculo indisoluble entre la exposición de motivos y la pregunta que de ello se desprende. El haber separado, por un lado, el objeto o materia de la consulta popular de marras, y por otro, la pregunta, excedió las facultades de la Corte. (Ver, Elisur Arteaga Nava y Sergio Charbel Olvera Rangel, “Una Corte sana”, Proceso, número 2292, pp. 10-11) Es decir, si el objeto referido contravenía lo dispuesto en el artículo 35, fracción VIII, numeral 3º, lo recomendable era declararlo simple y llanamente inconstitucional, y no entrar al estudio de la pregunta, por ser innecesario. Amén de invitar al presidente López Obrador a proceder a denunciar ante las instancias jurídicas competentes los hechos posiblemente constitutivos de delitos de lo que tenga conocimientos con fundamento en lo dispuesto en la nuestra Carta Magna y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
12. Además, cabe apuntar, la original pregunta estaba dirigida a obtener el aval de la ciudadanía para emprender acciones legales por posibles hechos delictivos cometidos por los ex presidentes mencionados (supra párrafo 9), y la nueva pregunta elaborada por la mayoría de los miembros de la Corte, está más bien destinada a obtener el consentimiento popular para esclarecer decisiones tomadas por los actores políticos en los años pasados. O sea, lo primero tenía como propósito sentar en el banquillo de los acusados a los ex titulares del Poder ejecutivo federal, en tanto que la segunda busca obtener el respaldo del pueblo para construir una especie de Comisión de la Verdad, que nos permita esclarecer los hechos del pretérito reciente. Del modo que sea, siento que la opinión popular no es un requisito sin el cual no se puedan llevar a cabo tales acciones.
13. Interpretación política. Esta consulta popular establecida como un derecho humano en el artículo 35 constitucional y reglamentada en la Ley Federal de Consulta Popular, contiene evidentes ingredientes políticos mismos que están enmarcados en la férrea lucha que vive el país entre un nuevo gobierno nacional, con proyectos e intereses sociales distintos a los que prevalecieron en México durante los últimos 38 años y sectores sociales, económicos y políticos que fueron sus beneficiarios. Es decir, la consulta popular puede ser utilizada como un insumo y arma de la lucha política, en la gran disputa por la continuidad de la Cuarta Transformación, su fracaso o tropiezo en las elecciones decisorias de 2021. Constituye de cualquier forma una indudable victoria para el presidente Andrés Manuel López Obrador que la Corte le haya dado su aval. Y si otra cosa no sucede, el Congreso de la Unión –falta que la Cámara de Diputados, discute y apruebe por mayoría simple, la trascendencia de la consulta, ya que el Senado hizo lo propio el día 8 de los corrientes- para que sea turnada al Instituto Nacional Electoral (INE), y éste la imprima y distribuya en boletas extras, en todas las casillas que se vayan a instalar el 6 de julio del año próximo.
14. Posición política personal. Voté en 2018 por López Obrador; si hoy volvieran a ser las elecciones, y volviéramos a tener los mismos candidatos: José Antonio Meade, por el PRI; Ricardo Anaya, por el PAN, y Andrés Manuel López Obrador, por MORENA, una vez más sufragaría por el actual presidente de la República. La renovación de las élites en el ejercicio del poder, el combate contra la corrupción que eso ha propiciado, su genuino compromiso con la justicia y la equidad social, son bienes que obran en favor de la nación y que debemos aquilatar en su justa dimensión. Empero, lo que me disgusta del señor presidente es su concepción iliberal de la democracia y su estilo populista de gobernar, de ahí la crítica responsable que pretendo hacer.










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Un Comentario en “ Agregado necesario. Decíamos ayer.”

  1. José Javier Ledesma dice:

    Agregado al agregado.
    Un amigo, atento lector me hace notar una deficiencia de mi texto: omito mencionar las razones de los cuatro ministros y una ministra que votaron por declarar inconstitucionalidad el objeto de la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
    Le asiste toda la razón a mi amigo y atento lector. Los ministros Pardo Rebolledo, José Fernando Franco, Javier Laynez y la ministra Norma Lucía Piña, apoyaron sus argumentos, mutatis mutandis, en lo expresado por el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, habiendo una gran coincidencia, en los argumentos esgrimidos por Laynez y Piña. En el sentido de asumirse como auténticos jueces constitucionales y considerar a los derechos humanos como cartas contra mayoritarias.

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